POLÍTICA

CIDH señala que Fujimori debe ser castigado por caso de esterilizaciones forzadas

Publicado el 11/10/2018 05:15 pm

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La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, pidió que Alberto Fujimori sea castigado por liderar a perpetradores de esterilizaciones forzadas, luego de conocerse que su indulto fue revocado por el Poder Judicial.

 

"Lo primero que deben de hacer es dar el paso para identificar a todas y cada una de las víctimas, para devolverles su dignidad. Cada una de ellas debe de ser reconocida por el Estado peruano. Y cuando eso se haya realizado, pueden trabajar en los medios para castigar a los responsables, y brindarles reparación a todas las víctimas. Él lideró a los perpetradores que hicieron esto, y él debe responder", expresó.

 

Estas declaraciones se dan en el marco que esta semana se vence el plazo para la fundamentar la apelación de no aplicación de indulto para Alberto Fujimori. El Poder Judicial dio un plazo de 5 días, bajo el aviso de declararlo improcedente.

 

En ese sentido, la comisionada Flávia Piovesan, solicitó que el Estado peruano "reparar a las víctimas con medidas que deben de ser integrales en el campo de la salud, en el campo de la integridad, porque hubo una violencia dramática con relación a la integridad física, psíquica, moral”.

 

Durante la audiencia las comisionadas pudieron escuchar el testimonio de Aurelia Paccohuanca, de la Asociación de víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Cusco, quien fue esterilizada a los 23 años. “Me dijeron que me iban a dar atención en salud, como no acepté me dijeron que iba a pagar multa. Yo tenía 24 años, tenía 4 hijos cuando me esterilizaron sin mi consentimiento. Cuando me esterilizaron, ni siquiera me dejaron recuperarme en la posta médica, me dejaron sentada en una banca”, sostuvo.

 

El propósito de esta audiencia en la CIDH fue para exponer la sistemática violación de derechos sexuales y reproductivos sufridos por mujeres, niñas y adolescentes en el Perú, y analizar la situación de vulnerabilidad y falta de acceso de justicia, verdad y reparación de las víctimas de esterilizaciones forzadas, desarrollada como Política de Salud Pública Nacional, implementada en Perú entre los años 1996 y 2000.

 




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