Puno, 21 Agosto, 2017

 

El fujimorismo legisla en contra de los medios de comunicación

Cinco de los siete proyectos de ley que se han presentado en el presente Congreso –relacionados con los medios de comunicación– tienen como autores a parlamentarios fujimoristas.

Lo grave es que, como lo han advertido diversas instituciones y expertos nacionales y extranjeros, de llegarse a aprobar supondrían un peligro para la libertad de expresión.

El proyecto de ley de control de medios, de las congresistas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, encendió las alarmas sobre las pretensiones del fujimorismo contra los medios de comunicación.

Esa iniciativa legislativa no ha sido la única.

Las críticas al proyecto de Aramayo y Letona, que impedía que un investigado por corrupción en agravio del Estado participe en un medio, hiceron posible su retiro.

Sin embargo, solo se trató de un retroceso momentáneo.

Posteriormente, ambas presentaron el proyecto 1120/2016-CR que "protege las libertades y derechos informativos de la población", el cual restringe la prohibición de participar en un medio a los sentenciados por corrupción.

Catalina Botero, exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que no hay legislación similar en la región y que restringiría derechos fundamentales, además de violar la Convención Americana. Botero precisó también que no hay pena imprescriptible y que existe el derecho a la resocialización.

Además de esta norma, en setiembre del 2016 el fujimorismo había propuesto el proyecto de ley que "declara de interés nacional el fomento de la cultura a través de los medios de comunicación públicos y privados".

El autor es el congresista José Palma Mendoza, y plantea que el Ministerio de Cultura y sus entidades adscritas impulsen una relación directa con los medios para "incidir a favor de la cultura", promoviendo el fortalecimiento de la familia.

En opinión de José Miguel Vivanco, director de división de las Américas de Human Rights Watch, este sería un atentado serio contra el ejercicio de la libertad de expresión pues dejaría a los medios de comunicación sometidos al criterio de la autoridad que ejerza como ministro de Cultura. "Podríamos pasarnos meses discutiendo a qué nos referimos con cultura. Indudablemente, va a afectar el contenido de los medios", apuntó.

En tanto, Botero dijo que la propuesta es muy amplia y ambigua.

Asimismo, en marzo de este año, el fujimorista Modesto Figueroa Minaya presentó el proyecto de ley para derogar el literal g del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual permite que las entidades públicas puedan contratar, directamente, servicios de publicidad.

El congresista argumentó que un grupo empresarial (América Televisión) ha sido el más favorecido con esta norma.

Botero expresó que el proyecto es un claro "pase de factura" contra una empresa y que no se justifica porque, a veces, el Estado debe contratar publicidad urgente para algunas campañas o licitaciones.

El acciopopulista Yonhy Lescano también ha propuesto el proyecto 806/2016-CR, para modificar la Ley de Radio y Televisión, a fin de que la renovación de licencias de estaciones de televisión y radio esté sujeta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Indecopi.

Según Vivanco, el lenguaje de la propuesta es de una vaguedad que se presta para todo tipo de abusos y arbitrariedades. Mientras, Botero advirtió que le concede al Ejecutivo la posibilidad de imponer multas y no renovar concesiones.

"Con estas normas en Ecuador y Venezuela se ha controlado el debate público", apuntó la ex relatora.

También contra el internet libre

El congresista Marco Miyashiro (Fuerza Popular) presentó un proyecto para modificar el decreto legislativo del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia-DINI. El experto en derecho informático Erick Iriarte señaló que abriría la posibilidad para que la DINI controle contenidos y afecte el internet libre.

Asimismo, los congresistas Héctor Becerril (Fuerza Popular) y Yonhy Lescano (Acción Popular) presentaron iniciativas para crear fondos sociales a favor de los canillitas. Becerril propone que las empresas periodísticas contribuyan al fondo con el 2% de sus ventas. El abogado Roberto Pereira sostuvo que ello generaría más concentración porque solo los grandes medios podrían hacerse cargo de ese pago.

Redes Pachamama (Fuente: La República)