Trece cuerpos fueron hallados sin vida el 4 de mayo de 2025 en un socavón de Minera Poderosa en Pataz provincia de La Libertad, los trabajadores de seguridad empleados por la empresa R&R habían sido secuestrados violentamente el 26 de abril por un grupo armado presuntamente liderado por el delincuente conocido como “Cuchillo”.
La provincia se encontraba bajo estado de emergencia debido al alto nivel de inseguridad cuando ocurrió el secuestro. Los captores exigían un rescate de S/4 millones según audios difundidos por compañeros mientras las autoridades realizaban la búsqueda que culminó con el trágico hallazgo días después del plagio.
La Policía de rescate ingresó al socavón donde encontraron a las víctimas enterradas y con signos de violencia. Testimonios de familiares indican que los cuerpos estaban maniatados y algunos habrían sido torturados evidenciando la brutalidad del crimen que ha conmocionado al país entero.
Identidad de las víctimas y dolor familiar
Los deudos denunciaron que se enteraron del trágico desenlace a través de un grupo de WhatsApp sin recibir comunicación oficial. “Ninguna autoridad minera policial ni fiscal se acercó a nosotros ni nos habló” señalaron familiares quienes exigen justicia y apoyo para el traslado de los cuerpos a sus lugares de origen.
Lista de los 13 trabajadores fallecidos en Pataz
- Nilver Joel Pérez Chuquipoma (25) – Trabajador de seguridad de la empresa R&R que prestaba servicios a Minera Poderosa.
- César Augusto Rospigliosi Arellano (40) – Deja en la orfandad a dos hijos: una joven de 18 años y un niño de 7 años. Su hermana, Emilia Rospigliosi, criticó públicamente a la presidenta Dina Boluarte por la inseguridad.
- Frank Jesús Monzón Valeriano (24) – Trabajador de seguridad secuestrado durante el ataque del 26 de abril.
- Jhon Cristian Facundo Inga (30) – Empleado de la empresa R&R asignado a labores de seguridad en Minera Poderosa.
- Josué Carbonell Beltrán (33) – Trabajador secuestrado y posteriormente hallado sin vida en el socavón.
- Juan Joel Ñaupari Salva (25) – Trabajador de seguridad víctima del secuestro masivo en Pataz.
- Darwin Javier Cobeñas Panta (31) – Partió de Piura hace cuatro meses buscando empleo. Era el principal sostén de su hogar tras la muerte de su esposa. Su madre, Blanca Panta Gonzales, solicitó apoyo para el traslado del cuerpo.
- Franklin Vicente Facundo Inga (24) – Trabajador de seguridad secuestrado en las instalaciones mineras.
- Mego Yumbato Huancho (34) – Empleado de seguridad de la empresa R&R en Pataz.
- Deyther Abrahan Dominguez Ramírez (29) – Su padre, Abraham Domínguez, se enteró del fallecimiento por los compañeros de trabajo de su hijo en la minera.
- Wilmer Manuel Chávez Mijahuanca (24) – Trabajador secuestrado el 26 de abril por el grupo armado.
- Jefry Stive Padilla Hidalgo (22) – El más joven de los trabajadores asesinados en este trágico suceso.
- Alexander Domínguez – Trabajador de seguridad secuestrado y posteriormente hallado sin vida junto a sus compañeros.
Crisis política y críticas al gobierno
El asesinato masivo ha generado una crisis política en el país. El Congreso impulsa una moción de censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzén quien cuestionó la veracidad de la denuncia del secuestro el 30 de abril. La moción ya cuenta con más de 20 firmas de las 33 requeridas para proceder mientras la población exige respuestas.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condenó lo sucedido señalando que “la criminalidad avanza” y que el gobierno “no respondió con la urgencia que la situación exigía incluso en pleno estado de emergencia”. Diversas voces critican la inacción del Ejecutivo ante la creciente ola de violencia en la región.
El alcalde de Pataz Aldo Mariño se mostró indignado porque tras más de un año en estado de emergencia no hay bandas criminales identificadas ni capturadas. “Si me asesinan el culpable será el Gobierno” declaró visiblemente afectado por la situación mientras informaba sobre otro ataque ocurrido el 3 de mayo que dejó dos policías heridos.
Minería ilegal y medidas anunciadas
La Minera Poderosa señaló directamente al gobierno y al Congreso considerando que las ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) han servido como “manto protector” para la minería informal e ilegal. Esta extensión aprobada en noviembre de 2024 con 87 votos facilita actividades impunes según denunció la empresa en un comunicado.
El Ministerio del Interior anunció el despliegue de equipos de élite incluyendo el Grupo Especial contra el Crimen Organizado y divisiones especializadas en secuestros y extorsiones. Estos agentes están “plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan en estricto cumplimiento del marco legal vigente” informaron las autoridades.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales exigió a la presidenta Dina Boluarte convocar un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana mientras el Gobierno Regional de La Libertad demandó el inmediato despliegue de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Las instituciones coinciden en que este crimen no es un hecho aislado sino parte de una problemática creciente en la región.
