Un grupo de vecinos de la urbanización San Julián protagonizó una protesta en la Plaza de Armas de Juliaca para exigir a la municipalidad la defensa legal de lo que consideran un área verde presuntamente usurpada por la familia Arias Paredes. Los manifestantes denunciaron que se trata de 8.960 metros cuadrados ubicados a 450 metros de la carretera Juliaca-Arequipa, terreno que ha estado en litigio desde 2011 y cuya sentencia se emitió en 2015.
Durante la protesta, los vecinos denunciaron el abandono institucional de la municipalidad pie más de 14 años, señalando que el procurador encargado habría dejado su puesto por asuntos personales a pesar de conocer sobre la diligencia programada. «Hemos comprobado que nuestra municipalidad prácticamente se encuentra en abandono. Tuvimos que esperar dos horas y media y coordinar con los regidores», expresó Félix Pacori, dirigente de la urbanización y expresidente de la Central de Barrios.
La regidora, Rosario Juanito Apaza, presente en la manifestación, se comprometió a apoyar la recuperación del área verde. «No puede ser que cada rato vengan los traficantes de terreno que se abren las áreas verdes, no solamente de ustedes, sino de casi todo nivel Juliaca. Esperemos que de acá con la procuraduría hagamos respetar eso», afirmó, instando a todos los vecinos de las urbanizaciones con problemas similares a unirse.
Tras la protesta, se acordó realizar una reunión definitoria el próximo martes a las tres de la tarde, donde los funcionarios municipales deberán presentar alternativas de solución y argumentos legales para defender la presunta área verde. Los vecinos cuestionan que el juez Andrés Carita ejecutó la sentencia sin considerar el peritaje judicial que señalaba una discrepancia en la ubicación del terreno respecto a lo indicado en la escritura matriz.
El problema central radica en una inconsistencia documental que ha favorecido a los presuntos traficantes de terrenos. Según explicó Pacori, la escritura matriz invocada en todas las sentencias judiciales, incluso en la Corte Suprema, establece la ubicación del terreno a 200 metros de la carretera Juliaca-Arequipa, pero el juez ejecutó el lanzamiento en un terreno situado a 450 metros de este punto de referencia.
Los residentes de San Julián consideran esta situación como un atentado contra el patrimonio comunal y una muestra más de la problemática de usurpación de áreas verdes que afecta a diversas urbanizaciones de Juliaca. La disputa por estos espacios públicos, destinados originalmente para recreación y esparcimiento, refleja una creciente preocupación por la preservación de zonas comunes en una ciudad con acelerado crecimiento urbano y limitados espacios verdes para sus habitantes.
