Puno enfrenta diecinueve conflictos sociales que mantienen en alerta a las autoridades, según reveló Jaime Calapuja Gómez, comisionado de la Oficina Defensorial de Puno. Dieciséis permanecen activos mientras tres se encuentran en estado latente, amenazando la estabilidad regional.
El funcionario defensorial explicó que además de estos casos confirmados, otros catorce conflictos permanecen bajo observación constante. Esta cifra eleva significativamente el número de situaciones problemáticas que requieren intervención inmediata para evitar su escalamiento hacia crisis mayores.
Calapuja Gómez detalló que la metodología institucional clasifica estos enfrentamientos en diez tipologías diferentes para su mejor comprensión. El análisis permite identificar patrones y establecer estrategias específicas de intervención según las características particulares de cada conflicto social registrado.
La Defensoría del Pueblo implementa una estrategia preventiva que busca evitar el escalamiento hacia fases de crisis violenta. El objetivo institucional consiste en conducir directamente las tensiones hacia espacios de diálogo constructivo, evitando protestas que generen heridos o fallecidos.
Los conflictos socioambientales representan aproximadamente el setenta por ciento del total de casos registrados en la región. Esta tipología constituye la más recurrente y persistente en Puno, concentrando la mayor cantidad de datos históricos y presentando patrones repetitivos preocupantes.
La segunda tipología más frecuente corresponde a problemas de demarcación territorial que afectan principalmente las provincias de Carabaya y Sandia. Estas disputas limítrofes generan tensiones constantes entre poblaciones vecinas y requieren intervención técnica especializada para su resolución definitiva.
Calapuja Gómez reconoció el trabajo de la subgerencia de ordenamiento territorial del Gobierno Regional de Puno. Sin embargo, señaló que esta dependencia opera con personal limitado frente a la magnitud de los retos pendientes en materia de demarcación territorial.
El comisionado defensorial reveló que los conflictos territoriales en Carabaya y Sandia tienen un trasfondo complejo relacionado con minería ilegal. Esta actividad ilícita se desarrolla aprovechando las disputas limítrofes y la falta de definición clara de jurisdicciones entre distritos y provincias.
Las actividades mineras ilegales se concentran frecuentemente en zonas ribereñas donde los límites territoriales resultan más difusos. Los ríos sirven como referencias geográficas para la demarcación, pero también atraen a personas que buscan alternativas económicas mediante la extracción aurífera clandestina.
Calapuja Gómez subrayó que la minería ilegal constituye un delito contra el medio ambiente tipificado por la legislación nacional. Además, esta práctica vulnera directamente el derecho constitucional de la población a vivir en un ambiente sano y equilibrado ecológicamente.
El funcionario advirtió que la falta de empleo en el país impulsa a muchas personas hacia actividades extractivas ilegales. Esta situación socioeconómica complica la resolución de conflictos territoriales y genera nuevos focos de tensión social que requieren atención integral.
La proyección institucional indica que los conflictos en Carabaya y Sandia tenderán a intensificarse durante los próximos años. Esta perspectiva obliga a las autoridades regionales y nacionales a implementar estrategias preventivas más efectivas para evitar el escalamiento hacia crisis sociales mayores.
