Las municipalidades se mantienen como las entidades del Estado con más investigaciones por presuntos actos de corrupción en el país, según el fiscal superior Omar Tello, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien vincula estos casos a decisiones sobre obras y contratos que afectan directamente a la población.
Entre enero y diciembre de 2025, un total de 76 alcaldes provinciales y distritales del Perú recibieron condenas en primera instancia por delitos contra la administración pública, cifra que evidencia el peso de la corrupción en la gestión local frente a la responsabilidad de dirigir millones de soles en proyectos para comunidades.
La región Arequipa encabeza el ranking nacional con ocho autoridades municipales sentenciadas el año pasado, seguida por Madre de Dios con cinco casos, mientras que Áncash, Ayacucho, Cusco y Lambayeque suman tres condenas cada una, lo que muestra que el problema se repite en distintas zonas del territorio.
Entre los distritos arequipeños con alcaldes condenados figuran Andaray, Uchumayo, Punta de Bombón, Chilcaymarca, Coporaque y Yarabamba, este último distrito se encuentra entre las diez localidades que más canon minero recibió en 2025, con un total de 73 millones de soles transferidos según el Ministerio de Energía y Minas.
Omar Tello explicó que en los distritos fiscales con más alcaldes condenados es común encontrar municipalidades pequeñas que administran importantes recursos públicos, muchas veces derivados del canon minero, frente a poblaciones con necesidades limitadas, situación que facilita la realización de obras sobredimensionadas y contratos irregulares.
El coordinador precisó que “se suelen hacer obras sobredimensionadas que, en algunos casos, no guardan relación con un problema público real”, y destacó que los delitos de colusión y negociación incompatible generan el mayor perjuicio económico al Estado, especialmente en la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios básicos.
