La Municipalidad Provincial de Puno destina el 85% del presupuesto de Seguridad Ciudadana a salarios, dejando solo 15% para equipos y mantenimiento. Tomas Mamani Calixto, gerente de Medio Ambiente, confirmó que 17 cámaras de vigilancia están inoperativas, tras tres años sin resolver el problema.
De las 50 cámaras instaladas, 33 funcionan parcialmente en la ciudad. Los 17 restantes requieren reemplazo total por desgaste técnico, según Mamani, lo que deja sectores clave sin vigilancia. Las unidades dañadas cumplieron su vida útil hace más de un año.
La comuna planea adquirir cámaras de última generación y un nuevo software de monitoreo, priorizando la zona de Alto Puno. Esta área, con alta incidencia delictiva, recibirá cuatro dispositivos nuevos, aunque sin fecha concreta de implementación.
El sistema incluirá botones de pánico conectados a jefes de seguridad y ciudadanos para respuestas rápidas. La tecnología busca atender emergencias en zonas con cobertura, aunque su alcance dependerá del presupuesto disponible para la compra de equipos.
Cada cámara cuesta entre 12 mil y 15 mil soles, según Mamani, quien admitió que los altos precios frenan la expansión a zonas periféricas. La inversión necesaria supera los recursos actuales, concentrados en gastos operativos.
El gerente reconoció que, en tres años, no se avanzó en reparar las cámaras inutilizadas. La falta de fondos, agravada por la distribución presupuestal, impide modernizar un sistema clave para reducir la inseguridad en la provincia.
Del 15% del presupuesto no destinado a salarios, parte se usa en combustible, uniformes y repuestos básicos. La estructura financiera limita la compra de tecnología, según la administración, que prioriza gastos fijos sobre proyectos de seguridad urgente.
