El especialista en inspecciones técnicas de seguridad, Valerio Sucasaire Sucasaire, advirtió que el Congreso promueve iniciativas legislativas que debilitan los procesos de supervisión en edificaciones, ignorando criterios técnicos esenciales para garantizar la seguridad de los usuarios. Estas propuestas, según el experto, representan un grave riesgo para la población.
Entre las iniciativas cuestionadas, la congresista Mari Carmen Alva plantea extender el periodo de inspecciones técnicas de dos a diez años, mientras que la legisladora Adriana Tudela busca que las certificaciones sean permanentes, eliminando las revisiones periódicas. Sucasaire calificó estas propuestas como “ignorantes en aspectos técnicos”, coincidiendo con la opinión de un magistrado del Poder Judicial, quien señaló que los parlamentarios carecen de conocimiento especializado al legislar sobre estos temas.
Las nuevas normativas también han limitado la capacidad de las municipalidades para sancionar establecimientos que representen un peligro inminente. Ahora, las autoridades locales no pueden clausurar edificaciones por más de 48 horas, incluso cuando existan riesgos evidentes para la seguridad pública. Sucasaire afirmó que estas medidas reflejan un claro favoritismo hacia los grandes intereses empresariales.
“Este Congreso, más que servir al pueblo, se ha dedicado a servir a los grandes intereses de las transnacionales y los grupos de poder”, señaló el especialista. Sucasaire enfatizó que estas modificaciones normativas ponen en peligro la vida de las personas que frecuentan centros comerciales, universidades y otros tipos de edificaciones.
Los expertos en seguridad advierten que la eliminación de supervisiones periódicas y la reducción de facultades de las oficinas de Gestión de Riesgos y Desastres municipales crean un escenario propicio para tragedias. Un ejemplo claro es lo ocurrido en Real Plaza Trujillo, donde seis personas perdieron la vida debido a presuntas deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura.
Finalmente, Sucasaire hizo un llamado a las autoridades para que prioricen la seguridad de la población sobre los intereses económicos. Subrayó que, sin inspecciones técnicas rigurosas y periódicas, se incrementa el riesgo de que se repitan incidentes como el de Trujillo, con consecuencias devastadoras para las familias y la sociedad en general.
