La abogada Diana Pasaca Apaza ha denunciado las esterilizaciones forzadas como un intento de desaparecer a los pueblos originarios. Estas prácticas, realizadas durante embarazos y partos, constituyen graves delitos contra los derechos humanos, expuestos en la Corte Interamericana.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, se implementó una política de esterilizaciones forzadas dirigida a mujeres indígenas. Diana Pasaca ha señalado que estas acciones buscaban erradicar a los pueblos originarios, afectando gravemente a comunidades vulnerables en regiones como Cusco, Puno y Piura.
Keiko Fujimori ha minimizado estos crímenes, calificándolos como prácticas de planificación familiar. Sin embargo, Pasaca ha denunciado que estas acciones fueron parte de una ideología siniestra del fujimorismo, buscando confundir y justificar estos delitos contra la humanidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha escuchado testimonios de víctimas como Celia Ramos Durán, fallecida tras una esterilización forzada. Su hija, Maricela Monzón Ramos, ha testificado sobre la brutalidad de estas prácticas, destacando la falta de consentimiento y la coerción ejercida.
Kimberly Theidon, perito internacional, ha aclarado que estas esterilizaciones no pueden considerarse planificación familiar. Las mujeres fueron intervenidas sin considerar sus derechos y elecciones, siendo forzadas a procedimientos ilegales que en muchos casos las llevaron a la muerte.
Las víctimas, en su mayoría mujeres indígenas y pobres, fueron seleccionadas sistemáticamente. Los médicos tenían cuotas numéricas que cumplir, lo que llevó a prácticas inhumanas como la esterilización masiva en eventos con globos y comida gratuita para atraer a las mujeres.
La discriminación estructural contra las poblaciones quechua-hablantes y pobres facilitó estos crímenes. La desigualdad y la falta de acceso a la educación y la información permitieron que estas prácticas se llevaran a cabo sin resistencia.
Diana Pasaca ha señalado que el objetivo de Fujimori era erradicar a los pueblos originarios, considerados menos importantes. Estas políticas buscaban reducir las poblaciones indígenas bajo el pretexto de combatir la pobreza, afectando gravemente los derechos humanos de miles de mujeres.
La falta de justicia para las víctimas ha sido una constante. Solo recientemente casos como el de Celia Ramos Durán han sido escuchados en la Corte Interamericana, destacando la magnitud del daño y la necesidad de reparación para las víctimas.
La impunidad y la desinformación han perpetuado el sufrimiento de las víctimas. Es crucial reconocer estos crímenes como violaciones graves de los derechos humanos y trabajar hacia la justicia y la reparación para miles de mujeres afectadas por estas prácticas inhumanas.
Pasaca ha exigido sanciones ejemplares para los responsables de estos crímenes. La justicia debe prevalecer para las víctimas y sus familias, asegurando que estos delitos contra la humanidad no queden impunes y se evite su repetición en el futuro.
