La Organización Nacional de Familiares de Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023 expresó su “firme rechazo y condena categórica” contra la ley de amnistía aprobada por el Congreso que beneficia a efectivos policiales y militares procesados por crímenes durante el conflicto armado interno (1980-2000). El pronunciamiento fue emitido tras la aprobación legislativa, según ratificó su presidente Raúl Samillan Sanga.
La organización considera que esta normativa constituye “un grave retroceso en la lucha por la verdad, justicia y reparación” al legalizar la impunidad estatal. Los familiares argumentan que la medida representa una “herida abierta” porque pretende disfrazar la impunidad como reconciliación, negando el derecho fundamental de las víctimas a obtener justicia por los crímenes cometidos durante las dos décadas del conflicto armado peruano.
El grupo denuncia que la amnistía viola principios internacionales de derechos humanos y contradice las obligaciones asumidas por el Estado peruano ante organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta instancia prohíbe expresamente amnistiar responsables de crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, según destacan en su pronunciamiento oficial.
Los familiares señalan que la ley desconoce los avances judiciales logrados durante más de dos décadas, cuando el sistema judicial peruano obtuvo “condenas históricas contra perpetradores de graves violaciones”. La normativa pretende “borrar esos logros y humilla a las víctimas y sus familias”, obligándolas a revivir la impunidad del pasado, según expresan en el documento.
La organización advierte que esta medida sienta “un precedente peligroso” para las víctimas de la represión estatal reciente durante las protestas de 2022-2023. Los afectados interpretan la ley como “un mensaje claro” de que la violencia estatal puede repetirse sin consecuencias, enviando una señal de “blindaje institucional” para responsables de violaciones graves a los derechos humanos.
El pronunciamiento concluye con las consignas “¡Ni perdón ni olvido!” y “¡Justicia que tarda no es justicia!”, demandando verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición tanto para víctimas del conflicto armado interno como para los afectados en las recientes masacres de 2022-2023 registradas durante las protestas sociales.
