Una ceremonia de entrega que debió marcar un logro institucional se convirtió en una situación embarazosa para la Corte Superior de Justicia de Puno cuando la camioneta recibida de Pronabi fue retenida por la policía en su primera salida, debido a gravámenes no registrados. El vehículo de placa Z7Q-415, entregado solemnemente el 11 de junio, arrastraba denuncias por deudas financieras de sus antiguos propietarios.
Benny Álvarez Quiñones, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, explicó que la ficha registral no mostraba ningún gravamen al momento de recibir la camioneta en asignación de uso. La institución judicial desconocía que existía una medida cautelar de secuestro solicitada por una entidad financiera contra el vehículo.
El origen del conflicto se remonta a un caso de lavado de activos en Sandia, donde los antiguos propietarios del vehículo contrajeron deudas con una caja financiera. Esta entidad había solicitado judicialmente la captura del bien como garantía de pago, sin inscribir previamente el gravamen en los registros públicos correspondientes.
La medida cautelar permitió la retención policial del vehículo sin previo aviso al Poder Judicial, generando una situación administrativa compleja. Álvarez Quiñones precisó que normalmente los gravámenes se inscriben en la ficha registral, pero en este caso la entidad financiera omitió este procedimiento regular.
Las gestiones realizadas por Pronabi ante el juzgado competente lograron que se disponga la desafectación del vehículo ese mismo día. La institución presentó documentación que acredita el decomiso definitivo a favor del Estado mediante sentencia firme emitida por un juzgado de Sandia.
La propia entidad financiera que solicitó inicialmente la captura ha desistido de la medida cautelar, optando por dirigir sus acciones contra otros bienes de los deudores originales. Esta decisión facilita el retorno inmediato de la camioneta a la institución judicial beneficiaria.
El presidente de la Corte Superior confirmó que el procedimiento de desafectación ya fue resuelto favorablemente por el juzgado correspondiente. Los trámites administrativos complementarios permitirán que el vehículo regrese a manos del Poder Judicial en los próximos días.
Se espera que la camioneta retorne en uno o dos días a la institución judicial, una vez completados los procedimientos de liberación policial. Este episodio evidencia la necesidad de verificaciones más exhaustivas en los procesos de transferencia de bienes incautados entre instituciones del Estado.
