La Contraloría General de la República, identificó que, al 31 de marzo de 2023, un total de 1746 obras públicas se encuentran paralizadas en todo el país, de estas, Puno concentra un total de 220 obras en abandono, ubicándose en el segundo lugar a nivel nacional.
Según el “Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a marzo 2023” de la Contraloría, los departamentos que concentran el mayor número de inversiones paralizadas son Cusco (297 obras), Puno (220), Lima (111), Cajamarca (107) y Áncash (102).
Estas obras no han concluido y no reportan ningún avance en su ejecución física durante más de seis meses, principalmente en la región Puno, esta información se basa en el análisis y la verificación de la información registrada en las fuentes oficiales del Estado, como el Sistema Nacional de Obras Públicas (Infobras), el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el sistema Monitor.
Por nivel de gobierno, el mayor número de obras paralizadas corresponden a gobiernos locales (1252 obras por 5327 millones de soles), seguido de las entidades del gobierno nacional (313 obras por 11 mil 871 millones) y los gobiernos regionales (181 obras por 5703 millones).
El sector más afectado por estas paralizaciones es Transporte y Comunicaciones, que congrega la mayor cantidad de obras públicas paralizadas (472), lo que representa el 27% del total nacional. De estas inversiones, 373 obras corresponden a entidades del Gobierno Local, 50 a entidades del Gobierno Regional y 49 a entidades del Gobierno Nacional.
El segundo sector afectado es Vivienda, Construcción y Saneamiento, con 403 obras públicas paralizadas, que representa el 23.1% del total nacional. De ellas, 312 obras corresponden a entidades del Gobierno Local, 22 a entidades del Gobierno Regional y 69 al Gobierno Nacional. Le sigue el sector Agricultura (211), Educación (154), Cultura (116) y Salud (76).
De acuerdo a la información registrada por las propias entidades, las obras se encuentran paralizadas debido a la falta de recursos financieros y liquidez (19.9%), incumplimientos contractuales (17.6%), discrepancias, controversias y arbitrajes (5.5%), entre otras causales, tales como conflictos sociales (1.5%) o eventos climáticos (1.6%).
