Treinta conflictos activos posicionan a Loreto como la región con mayor conflictividad social del país, mientras que Puno ocupa el segundo lugar con 19 casos según el Reporte 258 de la Defensoría del Pueblo, situándose por encima de Cusco que registra 20 conflictos en el ranking nacional.
Jaime Calapuja Gómez, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Puno, detalla que la región mantiene 16 conflictos activos y tres latentes, además de siete casos en observación, consolidando su posición en el segundo lugar nacional por encima de los demás departamentos.
Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales con 30 a 32 casos según los reportes más recientes, seguido de Cusco con 20 a 22 conflictos y Puno con 16 a 17 casos, configuración que representa aproximadamente el 40% del total de conflictos sociales registrados a nivel nacional.
La tipología de conflictos en Puno revela que los casos socioambientales constituyen entre 50% y 60% del total regional, patrón similar al comportamiento nacional donde los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos con 108 casos (51.7%), seguidos por demarcación territorial como segunda categoría más frecuente en la región altiplánica.
Las provincias de Carabaya y Sandia mantienen tres conflictos activos por demarcación territorial, situación que alcanzó su punto crítico en julio cuando dos personas perdieron la vida durante enfrentamientos interprovinciales, evidenciando la escalada violenta que pueden alcanzar estos conflictos territoriales regionales.
Calapuja explica que la Defensoría coordina con instituciones competentes para prevenir nuevos enfrentamientos, especialmente con la Policía Nacional y el Ministerio Público, cuando reciben información sobre posibles confrontaciones que podrían derivar en hechos violentos como los ocurridos anteriormente.
El comisionado advierte que algunos conflictos sociales evolucionan hacia actividades ilícitas incluyendo minería ilegal y tenencia ilegal de armas, transformando disputas territoriales en problemas de seguridad que requieren intervención especializada de las autoridades competentes para su control.
La institución defensorial solicita información policial y emite recomendaciones preventivas, buscando evitar que Puno incremente su posición en el ranking nacional de conflictividad social donde actualmente se mantiene por encima de regiones como Cusco y Apurímac.
