A tres años de la masacre ocurrida durante las protestas sociales en el Perú, la Asociación Nacional de Mártires y Víctimas de las Protestas 2022-2023 organizó una marcha en Apurímac. Las Familias de siete personas asesinadas recorrieron las calles exigiendo justicia, denunciando el archivo de investigaciones contra responsables del gobierno de Dina Boluarte.
Raúl Samillán Sanga, representante de la asociación, criticó duramente al Congreso y al presidente de la república, José Jerí, calificándolo de oportunista, el fiscal interino de la nación, Tomas Gálvez. Las familias provenientes de Puno, Ayacucho, Cusco y otras regiones marcharon con un clamor unísono: «justicia para sus seres queridos». La movilización evidenció el rechazo a la decisión de archivar denuncias constitucionales.
Sin embargo, la situación de las víctimas permanece en completo abandono estatal. Según Samillán, el Estado no ha cumplido las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Existen huérfanos desamparados y heridos que aún viven con proyectiles alojados en sus cuerpos, sin recibir atención médica adecuada ni apoyo para su recuperación.
Además, los manifestantes denunciaron la destitución «ilegal» de la fiscal Delia Espinoza, quien investigaba estos casos. Las pesquisas estaban avanzadas cuando ocurrió su salida, lo que generó un retroceso significativo. El recorte presupuestario al Ministerio Público también ha dificultado gravemente el avance de las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante las protestas sociales.
Por otro lado, la desactivación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder fue interpretada como una estrategia para frenar investigaciones. Samillán considera que esta medida busca proteger a funcionarios involucrados en actos de corrupción. «Ellos quieren tener el camino libre para llegar a la Cámara de Senadores y Diputados», afirmó durante la manifestación.
Asimismo, la organización anunció que continuará las conmemoraciones trasladándose a Ayacucho el 15 de diciembre para acompañar a familias ayacuchanas.
Finalmente, delegaciones de Huancabamba, donde Denison Guayanca falleció tras ser torturado el 9 de febrero de 2023, se sumaron a la marcha pacífica. Los manifestantes dejaron claro su mensaje al gobierno: «Las manos de Boluarte están manchadas con sangre». Prometen caminar hasta encontrar justicia, sin importar el tiempo que transcurra desde aquella trágica jornada.
