El abogado Iván Trujillo Hilasaca califica como inviable la reapertura del penal El Frontón impulsada por el gobierno de Dina Boluarte y el ministro Santibáñez, asegurando que buscan crear una falsa apariencia de lucha contra la inseguridad ciudadana.
Trujillo Hilasaca sostiene que especialistas y el anterior ministro de Justicia ya habían evacuado informes confirmando la inviabilidad y la insostenibilidad en el tiempo de este centro penitenciario ubicado en la isla frente al Callao.
El letrado compara esta situación con las acciones del alcalde de Lima quien compró trenes de 40 años sin expediente técnico, estudio de factibilidad, paraderos, rutas ni estaciones definidas para el transporte público metropolitano.
Estos trenes permanecen almacenados y abandonados mientras se vuelven más obsoletos, ejemplificando la misma actitud gubernamental de implementar proyectos sin sustento técnico para aparentar gestión ante la ciudadanía peruana.
El abogado señala que el gobierno de Boluarte se caracteriza por no escuchar a la población ni hacer caso a expertos en materias específicas, actuando de manera autónoma sin considerar instituciones especializadas.
Trujillo Hilasaca describe esta forma de gobernar como dictatorial, donde las autoridades hacen su voluntad sin consultar situaciones técnicas ni atender recomendaciones de profesionales conocedores del tema penitenciario nacional.
La inseguridad ciudadana se intensificó desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, registrándose hechos delictivos en zonas donde anteriormente no ocurrían, como el reciente asalto a mano armada en el centro de Juliaca.
Esta ciudad del altiplano puneño no registraba este tipo de delitos violentos hasta hace una semana, cuando ocurrió el primer asalto a mano armada en pleno centro urbano de la localidad.
El incremento de la criminalidad se debe principalmente a la presencia de organizaciones criminales internacionales como Los Gallegos y el Tren de Aragua que operan desde Venezuela y Chile.
Estas organizaciones realizan extorsiones telefónicas internacionales desde Chile y Venezuela, identificándose como miembros de estos grupos criminales para amenazar y extorsionar a ciudadanos peruanos desde el extranjero.
La ineficacia del sistema de justicia constituye otra causa del incremento delictivo, involucrando a la policía, Ministerio Público, gobierno, Congreso de la República y Poder Judicial en esta problemática nacional.
Trujillo Hilasaca revela que el ministro Santibáñez anteriormente defendía delincuentes, policías corruptos y cabecillas de organizaciones criminales, incluyendo al conocido como Shakira, generando desconfianza entre la población.
Los delincuentes no respetan a un ministro que anteriormente los defendió como abogado, pues mantienen una relación de confianza donde el letrado conoce secretos de sus antiguos clientes criminales.
El operativo Ícaro de la semana pasada incluyó allanamientos en viviendas del ministro Santibáñez y Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, donde Trujillo Hilasaca identifica indicios de colusión en estas investigaciones judiciales.
