El abogado César Quispe Calsín se pronunció sobre la polémica decisión de la Junta Nacional de Justicia que restituyó a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, calificando esta medida como «una afrenta» que deja una crisis institucional sin presentes.
Quispe consideró que la decisión constituye «un insulto a la inteligencia de los peruanos» y «un daño catastrófico para el sistema de administración de justicia en el Perú». El letrado cuestionó directamente la legitimidad de la Junta Nacional de Justicia para tomar esta determinación institucional.
«Estos señores de la Junta Nacional de Justicia se han zurrado sobre la Constitución», expresó el abogado durante su participación en Pachamama Radio. Agregó que estos funcionarios «tienen que ser investigados en el futuro por todo lo que están haciendo» en el sistema judicial.
El especialista cuestionó las competencias de la Junta Nacional de Justicia, señalando que esta instancia actuó por encima de la Junta Nacional de Fiscales. Consideró irregular que la JNJ tome decisiones sobre fiscales cuando corresponde a la Junta de Fiscales Supremos esta función específica.
Quispe atribuyó esta decisión a una alianza política entre «el fujimorismo, el cerronismo y operadores del Apra» que habrían «capturado todas estas instituciones». Señaló que estos grupos controlan desde la Defensoría del Pueblo hasta la composición de la Junta Nacional de Justicia para favorecer sus intereses.
El abogado vinculó la restitución de Benavides con el objetivo de «manejar a los jueces y fiscales dentro del Perú para que no les toque». Sostuvo que buscan mantener impunes los hechos ocurridos desde el 7 de diciembre de 2022, incluyendo presuntos «crímenes de lesa humanidad».
Según Quispe, la decisión forma parte de una estrategia para proteger tanto al Ejecutivo como al Congreso de investigaciones por «traición a la patria». Mencionó específicamente la firma del «tratado de alta mar» como uno de los actos que buscarían mantener sin investigación judicial.
El letrado recordó que el Congreso de la República «cometió el golpe de Estado parlamentario aquel 7 de diciembre 2022» cuando instaló a Dina Boluarte en el poder. Identificó al grupo aprista, encabezado por Jorge del Castillo, como parte fundamental de esta articulación política institucional.
La crítica de Quispe se enmarca en el contexto de cuestionamientos generalizados sobre la independencia del sistema de justicia peruano. El abogado especialista considera que la decisión evidencia la instrumentalización de las instituciones judiciales para proteger intereses políticos particulares y específicos.
La polémica decisión de restituir a Patricia Benavides ha generado debate sobre la legitimidad de las decisiones de la Junta Nacional de Justicia. Los cuestionamientos apuntan hacia la necesidad de reformar el sistema de administración de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad institucional.
