domingo 31, agosto 2025
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Abogado exige sanciones penales por derrumbe en Real Plaza Trujillo

El abogado Alberto Chávez Gutiérrez advierte sobre fallas en el mantenimiento de centros comerciales tras el derrumbe y pide supervisión en establecimientos de Juliaca

Abogado exige sanciones por derrumbe en Real Plaza Trujillo, advierte sobre negligencia en el mantenimiento de centros comerciales y posibles actos de corrupción

El abogado Alberto Chávez Gutiérrez ha exigido sanciones penales contra los responsables del derrumbe en Real Plaza Trujillo, un hecho que ha revelado graves deficiencias en el mantenimiento de centros comerciales en el país. Chávez Gutiérrez sostuvo que la responsabilidad principal recae en los encargados del mantenimiento técnico, quienes habrían actuado con negligencia.

El jurista señaló que las inspecciones posteriores al derrumbe han detectado problemas similares en otros establecimientos de la misma cadena a nivel nacional. Chávez Gutiérrez calificó la conducta de los responsables como «dolo eventual», ya que tenían conocimiento de la necesidad de mantenimiento y no actuaron a tiempo.

La tragedia dejó un saldo trágico, con la pérdida de vidas de jóvenes y policías, además de heridos graves, como un futbolista que perdió una pierna. El abogado consideró inaceptable que los clientes, quienes acuden a estos lugares con confianza, terminen expuestos a riesgos de tal magnitud.

Chávez Gutiérrez también apuntó a la responsabilidad directa del propietario de la cadena Real Plaza e Interbank. Advirtió sobre posibles actos de corrupción en la emisión de licencias y permisos municipales, los cuales habrían permitido operar sin cumplir los requisitos técnicos necesarios.

Finalmente, el abogado pidió mayor supervisión en centros comerciales de Juliaca, tanto por parte de empresas privadas como de autoridades municipales. Exigió una investigación fiscal independiente, libre de influencias económicas, para garantizar la seguridad de las familias y usuarios que frecuentan estos establecimientos.

El caso ha generado alarma en todo el país, poniendo en evidencia la necesidad de reforzar los controles y sanciones para evitar que hechos similares se repitan. La demanda de justicia y transparencia se ha convertido en un reclamo prioritario para la ciudadanía.

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