La ley orgánica de gobiernos regionales establece un plazo de 90 días después de asumir el cargo para fijar los salarios del gobernador y vicegobernador regionales. Este periodo ya venció, por lo que cualquier incremento salarial sería ilegal.
Según el abogado Iván Trujillo, la vicegobernadora Margot de la Riva Valle podría estar cometiendo el delito de sustracción de caudales públicos si logra un aumento salarial. Los consejeros regionales que aprueben dicho incremento serían cómplices primarios.
El reajuste salarial está prohibido por el artículo 6 de la ley de presupuesto vigente, advierte Trujillo. Cualquier acto administrativo que contravenga la ley es nulo de pleno derecho. Si se hace efectivo el incremento ilegal, configuraría una modalidad de peculado.
La vicegobernadora puede recibir una doble remuneración solo si trabaja como docente universitaria en hora-rios compatibles con su cargo regional. De lo contrario, incurriría en incompatibilidad laboral. Trujillo recomien-da precaución al Consejo Regional para evitar responsabilidades legales.
