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Abogado plantea psicosocial armado en muerte de policía en Juliaca

Sentencia de 35 años a Erusbel Apaza impulsa pedido de comisión de la verdad y revisión de rol del Ejecutivo en 2023

César Quispe sostiene que homicidio de José Soncco en Juliaca fue usado para incriminar a Puno tras condena a policía

El abogado César Quispe Calsín planteó la hipótesis de un psicosocial armado por el Ejecutivo, ministros y altos mandos policiales en el homicidio del suboficial José Luis Soncco Quispe durante las protestas de enero de 2023 en Juliaca, crimen que habría sido planificado para incriminar a la población puneña y legitimar terrorismo de Estado.

La teoría cobra fuerza tras confirmarse que el responsable fue otro policía, Erusbel Jhonatan Apaza Uturunco, sentenciado a 35 años de prisión efectiva por la Sala Penal de Apelaciones de Juliaca mediante sentencia firme por disturbio agravado y sustracción de armas de fuego ocurridos la madrugada del 9 al 10 de enero.

«Tienen que pedir perdón a Puno porque nos han difamado», expresó Quispe Calsín al referirse a autoridades y medios limeños que difundieron una narrativa falsa criminalizando las protestas para presentar a los manifestantes como asesinos, cuando el responsable fue un efectivo policial que actuó con premeditación durante los acontecimientos violentos.

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Evidencias incriminatorias determinantes

Las pruebas determinantes incluyen el hallazgo de 23 mil 800 dólares sin justificar en poder del sentenciado, partes de armas incautadas en su domicilio, entre ellos una pistola Pietro Beretta y una cacerina para fusil AKM que pertenecían a los policías atacados aquella madrugada en la urbanización Tambopata de Juliaca

El tribunal estableció una reparación civil de 180 mil soles para los herederos del suboficial y 25 mil soles para el Estado peruano, mientras el letrado advierte que Apaza Uturunco no habría actuado solo, citando la formación de altos mandos policiales en métodos que enseñan a crear incidentes para desviar responsabilidades institucionales.

Quispe Calsín propone conformar una comisión de la verdad para investigar estos hechos, pues existen documentos, órdenes, decretos y actas del Consejo de Ministros que vinculan al Ejecutivo con las masacres, además un suboficial renunciante reveló oficialmente que superiores ordenaron infiltrar manifestaciones con policías vestidos de civil provocando desmanes.

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