En Puno, 1600 condenados no cumplen sus penas de trabajos comunitarios, alertando sobre la ineficacia de medidas similares propuestas por el gobierno. Rolando Jiménez Sardón, abogado, considera que liberar a deudores alimentarios constituye un premio para quienes incumplen obligaciones fundamentales.
El Ministerio de Justicia evalúa liberar aproximadamente 5 mil internos sentenciados por omisión de asistencia familiar para reducir la sobrepoblación carcelaria nacional. La despenalización de deudores alimenticios no representa una solución real según el jurista puneño, quien advierte sobre las consecuencias negativas de esta medida gubernamental.
Jiménez Sardón explicó que la propuesta podría sustituir la prisión por labores de apoyo comunitario, medida que considera contraproducente. Las medidas paliativas resultan inútiles cuando los condenados no cumplen con las sentencias alternativas, como demuestran las estadísticas locales de incumplimiento en trabajos comunales.
La experiencia evidencia que los sistemas de resocialización mediante trabajo comunitario fracasan sistemáticamente. Un miembro del sistema confirmó que 1600 personas condenadas a trabajos comunales no cumplen sus sentencias, generando procesos de revocación de estas medidas alternativas.
El especialista advierte que liberar a todos los deudores alimentarios agravará el incumplimiento de las obligaciones económicas hacia los menores. Si antes no pagaban, ahora será peor, argumentó Jiménez Sardón al cuestionar la lógica gubernamental de otorgar beneficios a personas que ya demostraron irresponsabilidad parental.
Los principales afectados por esta medida serían los niños que dependen económicamente de las pensiones alimentarias incumplidas. Los menores representan el futuro del país y merecen protección integral, enfatizó el abogado puneño al criticar las prioridades gubernamentales en materia de justicia familiar.
La propuesta gubernamental desconoce la realidad nacional sobre el cumplimiento de obligaciones alimentarias y sus consecuencias sociales. El gobierno pareciera ignorar completamente la situación de miles de menores que sufren abandono económico por parte de progenitores irresponsables, según la evaluación del jurista.
Jiménez Sardón considera fundamental defender los derechos de la niñez antes que implementar medidas que favorezcan a deudores alimentarios. La defensa de los menores debe priorizarse sobre la reducción de población carcelaria, concluyó el especialista al pronunciarse sobre esta controvertida iniciativa del Ministerio de Justicia.
