Miembros del Colegio de Abogados de Puno han solicitado al decano Edwin Flores Castillo presentar una moción de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1620. Este decreto, según los juristas Nicolás Parada y Josbell Pari, permitiría un incremento de hasta 700% en las tarifas de agua potable y abriría la puerta a la privatización del servicio.
Los abogados argumentan que el decreto atenta contra el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, que considera al agua como un bien público y patrimonio de la nación. Sostienen que la posible privatización del recurso hídrico constituye una seria amenaza a las libertades democráticas del país.
Según lo expuesto, el decreto facultaría a los gobiernos locales para otorgar al sector privado la explotación de los servicios de agua potable y saneamiento mediante asociaciones público-privadas. Esto incluiría la explotación de todos los cuerpos de agua natural o artificial, sean continentales, marítimos o atmosféricos.
Los juristas exigen que el decano del Colegio de Abogados de Puno emita un documento dirigido al Congreso y al Ejecutivo, solicitando que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la inconstitucionalidad del decreto. Advierten que la implementación de esta normativa podría elevar significativamente los costos del servicio para la población.
