El abogado César Quispe Calsin reveló que tras dos años de lucha legal se identificó a 43 responsables de las masacres del 9 de enero en Puno. Entre ellos figuran 16 policías, 3 militares en caso 9 de enero del 2023 y 24 agentes vinculados a los hechos del 15 de enero en Macusani (Carabaya).
La impunidad frenó el proceso desde el inicio, según denunció Quispe. Desde diciembre de 2022, el Congreso y la exfiscal Patricia Benavides impulsaron cambios arbitrarios: ocho fiscales provinciales y once adjuntos fueron reemplazados, retrasando la justicia. «Era increíble que no hubiera ni papel en la fiscalía», recordó el letrado sobre las condiciones precarias.
Pese a los obstáculos, el equipo legal logró formalizar la investigación preparatoria, etapa clave en el proceso penal peruano. Este avance permite ahora enfocarse en la etapa intermedia, acercándose al juicio oral. Quispe destacó que cada fiscal nuevo requería meses para entender el caso, perdiendo tiempo valioso.
Un logro histórico fue la incorporación del Estado como «tercero civilmente responsable» hace un mes. El juez aceptó que el Estado debe reparar a los 19 fallecidos y a los heridos, muchos de los cuales aún llevan balas en sus cuerpos. «El Estado es responsable de las masacres», afirmó el abogado.
El colectivo de abogados, organizado bajo el equipo Illari, lleva más de 20 carpetas abiertas. Estas incluyen casos desde el 14 de diciembre de 2022 hasta el 14 de marzo de 2023, con víctimas en Juliaca, Macusani y Ilave. Solo en Puno, más de media docena de letrados trabajan en estos expedientes.
Quispe advirtió que el Estado invirtió «millones» en abogados para blindar a los implicados. Mientras, los defensores de las víctimas enfrentaron recortes presupuestales y falta de peritos. «Nadamos contra corriente», subrayó, pero resaltó la perseverancia para acumular pruebas contundentes.
Las cifras reflejan la magnitud de la violencia: 19 responsables en Juliaca y 24 en Macusani, sumados a heridos y torturados como Manuel Quilla Ticona. Las carpetas abarcan fechas críticas, desde el 6 de enero hasta el 9 de febrero, cuando ocurrió la segunda masacre.
El abogado insistió en que la justicia avanza, aunque lento. «Hemos convencido al juez con pruebas», dijo, señalando que la reparación para los agraviados es ahora una posibilidad real. El proceso, sin embargo, sigue en riesgo por la presión política y la burocracia.
