Los problemas siguen siendo los mismos en la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno (Frfcp), institución que atraviesa una seria crisis institucional y de legalidad a menos de tres días de los concursos en honor a la Virgen de la Candelaria. Tras su expulsión, los ahora exdirectivos acusaron de una “emboscada” y advirtieron sobre presuntos actos irregulares.
En principio, se reveló que a pesar de haber sido juramentados hace casi un año; hasta la fecha no se ha logrado la inscripción legal de la actual directiva ante Registros Públicos.
La institución registral habría observado la convocatoria de las elecciones, entre otros aspectos, que no permitieron su inscripción legal; empezando de allí, los actuados de los miembros quedaría deslegitimada.
Uno de los expulsados, José Palomino, dijo que en la agenda de la última Asamblea Ordinaria ni siquiera estaba considerado la expulsión de miembros; sino esta se realizó a pedido de un delegado.
Precisó que todo el proceso se habría desarrollado de manera informal, dado que, el pedido de suspensión lo planteó el mismo presidente, la votación se dio a mano alzada, no se contabilizó el número de votos ni se comprobó que quienes levantaban la mano eran delegados o presidentes; tampoco se les dio el derecho a defensa.
“La Frfcp ha sido tomada como un botín”, acusó otro de los expulsados, Joby Parhuayo, quien advirtió sobre una emboscada preparada por el titular de la institución para expulsarlos.
Los motivos serían los presuntos actos irregulares en los que habría incurrido el titular y otros miembros, por ejemplo, la falta de transparencia en los ingresos que tiene la institución, venta de boletos a través de terceros, convenios aparentemente irregulares y otros.
Pusieron como ejemplo, el supuesto convenio suscrito con Backus, a cambio de graderíos y similares, por el que la empresa cervecera habría pedido publicidad en el estadio, lo que va en contra de lo dispuesto por las autoridades universitarias, quienes prohibieron publicidad de ese tipo.
Los directivos expulsados advirtieron iniciar acciones legales tras ser notificados oficialmente sobre la decisión que la asamblea determinó.
