Tras realizar una supervisión al nivel de avance de ejecución presupuestal sobre seguridad ciudadana, así como al presupuesto asignado durante este año a las trece municipalidades provinciales de la región Puno, –cuyo periodo comprende los meses desde enero a agosto del 2022–, la oficina de la Defensoría del Pueblo de Puno advirtió que cuatro de estas entidades redujeron su presupuesto para luchar contra este problema.
Se informa que la Municipalidad Provincial de Moho tiene el porcentaje más alto de avance de ejecución presupuestal en la materia, al lograr un 81.7 %, seguido de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, con un avance del 80.9 %. Por el contrario, la provincia con menor porcentaje de avance de ejecución presupuestal de acuerdo con las cifras del Ministerio de Economía y finanzas es la Municipalidad Provincial de Carabaya con un 39 %.
De otro lado, las municipalidades de Huancané, El Collao – Ilave, San Román – Juliaca y San Antonio de Putina reportan un avance de ejecución presupuestal superior al 60 %. En cambio, las municipalidades provinciales, como Puno, Lampa, Azángaro, Chucuito – Juli, Melgar y Sandia presentan un progreso menor al 50 %.
En este sentido, se advierte que el presupuesto asignado en materia de seguridad ciudadana en la mayoría de las municipalidades provinciales tiene la tendencia a ser mayor que el año pasado (2021). Sin embargo, de las trece municipalidades provinciales, en cuatro –San Antonio de Putina, El Collao – Ilave, Moho y Yunguyo– hubo una reducción de presupuesto, pese a que los índices de delincuencia se han incrementado en la región.
«Recomendamos a las municipalidades provinciales, especialmente a la de Carabaya, optimizar y acelerar la ejecución del gasto para la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en el 2022, a fin de cumplir al 100 % la ejecución presupuestal. Asimismo, los municipios de San Antonio de Putina, El Collao – Ilave, Moho y Yunguyo deben priorizar la planificación del presupuesto en la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, sobre todo si presentan un alto índice de criminalidad», sostuvo Jacinto Ticona, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno.
