Jennie Dador Tozzini, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), advirtió sobre una posible intención de privatizar gradualmente el sistema de salud pública en el Perú, tras la inauguración de un «Hospital de la Solidaridad» por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en la provincia de San Román, región Puno. La instalación del hospital fue presentada como un gesto positivo, pero Daddor señaló que podría estar encubriendo una estrategia para debilitar el sistema público de salud y trasladar sus responsabilidades a iniciativas privadas.
«Lo que parece una buena acción, como la apertura de estos hospitales a precios simbólicos, en realidad es un modelo que busca privatizar el acceso a la salud», señaló en conversación con el programa Voces del Sur de la Red Micaelas. Si bien el servicio puede parecer inicialmente accesible, la secretaria ejecutiva destacó que esto desvía el foco de atención de la obligación del Estado de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud pública. «A largo plazo, lo que estamos haciendo es debilitar más el sistema público de salud», agregó.
Dador también expresó preocupación por las posibles consecuencias de este tipo de iniciativas en las regiones más vulnerables del país, como Puno, donde las deficiencias en la atención de salud pública ya son evidentes. «Lo que debería estar haciendo el Estado es fortalecer el sistema de salud pública para asegurar que todas las personas, sin importar su situación económica, tengan acceso a una atención médica de calidad», enfatizó.
Además, advirtió que la implementación de estos modelos, como los «Hospitales de la Solidaridad», genera la percepción de que se trata de una solución efectiva para mejorar la atención sanitaria en el corto plazo, pero en realidad puede llevar a la privatización paulatina del sector. «Al final, la gen-te sigue pagando, aunque sea un monto voluntario, lo cual va en contra del principio de salud pública gratuita que el Estado debería garantizar», puntualizó Dador.
En el marco de esta situación, Dador también resaltó que muchas personas afectadas durante las protestas sociales de inicios de 2023, como aquellos heridos o con secuelas graves, no han recibido la atención médica necesaria por parte del Ministerio de Salud. «Es preocupante que mientras el Estado falla en brindar una atención integral, se presenten soluciones privadas que solo aumentan la brecha en el acceso a los servicios de salud», concluyó.
