El dirigente Juan Echenique Cáceres opinó que el gobierno no tiene la legitimidad y credibilidad para firmar contratos como el dado respecto a la explotación del lote 192 que fue anunciado por el primer ministro Alberto Otárola.
Cabe informar que el contrato se firmó entre los entes estatales Perúpetro, que tiene la titularidad de los pozos y Petroperú, que se encargará de la explotación; sin embargo, el comunicado del gobierno admitió la inclusión de un “socio estratégico”, es decir una empresa privada.
Hasta junio del año 2022, se conocía que la empresa Altamesa era el “socio estratégico”. Cabe aclarar que dicho socio controlaría el 51 % de la explotación; es decir, tomaría las principales decisiones, mientras el Estado, que poseería el 49 % se tendría que someter a sus decisiones.
Entre las decisiones fundamentales a tomar es a qué precio podrá adquirir el Estado peruano cada barril de crudo. Un valor es el costo de extracción que no pasa de 20 dólares y otro valor posible es el costo del precio internacional que bordea los 100 dólares.
Ahí, el pequeño detalle que puede beneficiar o dejar sin beneficio a los peruanos en el uso de los recursos presentes en su territorio. De momento el gobierno del Perú se ha reservado mayor información
