La historia de la Ley Agraria se remonta al gobierno de Alberto Fujimori, cuando el ministro Chlimper, agroexportador con intereses personales, promulgó una normativa que otorgaba incentivos y exoneraciones tributarias al sector agroexportador.
Inicialmente diseñada para impulsar un sector emergente, la ley contemplaba exenciones fiscales (beneficios tributarios) del 50% del impuesto a la renta por un periodo inicial de cinco años, beneficio que se ha extendido sistemáticamente durante casi tres décadas.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que el costo fiscal actual alcanzará los 1.850 millones de soles, lo que equivaldría a multiplicar seis veces el presupuesto de programas sociales como ollas comunes.
Según el economista Eduardo Zegarra, la nueva propuesta legislativa mantiene privilegios fiscales escandalosos para un grupo reducido de aproximadamente 20 a 150 empresas grandes, que concentrarán más del 80% de los beneficios tributarios.
Las empresas agroexportadoras seguirán pagando tasas reducidas en contribuciones como EsSalud, pasando de 9% a solo 6%, lo que significa 300 millones de soles menos para el sistema de salud y afectando directamente la atención de trabajadores agrícolas.
La extensión actual proyecta mantener estos beneficios hasta 2035, lo que representaría aproximadamente 20.000 millones de soles en exoneraciones fiscales para empresas como Camposol, Agrokasa y otras del sector agroexportador.
El dictamen actual no solo perpetúa un régimen especial, sino que ignora recomendaciones técnicas de instituciones como el MEF y Sunat, que han señalado repetidamente la inconveniencia de mantener estos beneficios por tanto tiempo.
