Leo Williams Calsina Álvarez, alcalde del distrito de Alto Inambari en la provincia de Sandia, informó en San Román la invasión territorial ilegal desde el distrito de Phara para extracción aurífera, acompañado de dirigentes campesinos que respaldaron estas graves acusaciones contra autoridades vecinas.
El burgomaestre llegó junto con una comitiva de dirigentes, entre ellos Edwin Wilfredo Apaza Mamani, secretario general de la Federación Campesina del distrito de Alto Inambari, para exponer ante medios de comunicación la problemática territorial que enfrenta su jurisdicción por actividades extractivas ilegales.
“Rechazo rotundamente la minería ilegal y desde mi autoridad nosotros vamos a sacar una ordenanza municipal declarando toda esa zona, zona intangible para no generar conflicto”, declaró Calsina Álvarez, enfatizando su compromiso con la protección ambiental de su territorio jurisdiccional.
Las autoridades de Alto Inambari acusaron directamente al alcalde de Phara, Rubén Valeriano Oscalla Tumbillo, de permitir el ingreso de maquinaria pesada para trabajos de minería ilegal en territorio que no corresponde a su jurisdicción, generando conflictos territoriales y ambientales significativos.
Sergio Wilfredo Apaza Huamaní reveló que el padre del alcalde de Phara posee la concesión “Peñón de Oro”, sugiriendo vínculos familiares con actividades mineras que podrían influir en las decisiones administrativas del burgomaestre cuestionado por las autoridades de Alto Inambari.
“Ellos indican que son mineros artesanales, mentira, es falso”, afirmó categóricamente el alcalde Calsina Álvarez, describiendo la entrada de maquinaria pesada desde Phara como evidencia clara de operaciones de mediana minería que afectan gravemente el ecosistema de su distrito.
Los dirigentes campesinos exigieron la intervención inmediata de la Fiscalía del Medio Ambiente, la Dirección Regional de Energía y Minas, así como otras autoridades competentes para frenar los asentamientos ilegales y campamentos mineros que operan sin autorización en territorio de Alto Inambari.
Las autoridades denunciantes explicaron que pobladores de sectores como Pacchani y otros han sido afectados por esta problemática, mientras que desde Alto Inambari se impulsa la creación de una nueva comunidad cuyos promotores son comuneros reconocidos de la zona, afirmaron en la conferencia.
“Nosotros somos defensores del medio ambiente y por lo tanto como presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), mi obligación es velar por la integridad de las personas”, declaró Calsina Álvarez, reafirmando su compromiso institucional con la protección de los recursos naturales y la población local.
Los dirigentes invitaron a periodistas a visitar las zonas en conflicto para verificar la situación real, mientras que el alcalde de Alto Inambari prefirió guardar reserva sobre la situación minera en su propio distrito, indicando que la autorización de permisos mineros no corresponde a su competencia administrativa.
