El alcalde del distrito de Limbani, provincia de Sandia, Edilberto Córdova Málaga, denunció que su distrito viene siendo difamado por población de Coasa, negó que pobladores limbaneños usen armas de fuego y anunció acciones legales contra dos dirigentes del distrito vecino por acusaciones infundadas, aunque reconoció que el conflicto con Carabaya es por la minería en la zona.
El burgomaestre desmintió rotundamente que pobladores capturados con armas sean de Limbani y señaló que el uso de armamentos viene de ambos lados, por lo que ninguna de las partes debe victimizarse. Córdova afirmó que deben ser personas extrañas las que portan armas, tanto en Limbani como en Coasa.
La autoridad manifestó desconocer los enfrentamientos de semanas pasadas que resultaron con dos personas heridas en la zona y explicó que hasta el momento no tiene ninguna comunicación oficial sobre estos hechos violentos. El alcalde se encuentra en la provincia de Puno para proceder con la parte legal contra los dirigentes de Coasa.
Edilberto Córdova anunció que denunciará al presidente de la comunidad de Huanacuri y a Gustavo Alatrista ante las autoridades. El burgomaestre reveló que el lunes estos dirigentes se manifestaron contra su persona asegurando que financia, compra o adquiere armamentos, y exigió que presenten pruebas antes de hacer acusaciones públicas mediáticas.
Córdova desmintió señalamientos de pobladores de Coasa sobre falta de interés del gobierno regional en demarcación territorial y defendió a la subgerente de Demarcación Territorial, Belinda Cabada, pese a quejas y denuncias. La autoridad cuestionó las acusaciones contra Cabada y los pedidos de renuncia, señalando que las autoridades deben entenderse para solucionar el problema limítrofe.
El burgomaestre de Limbani reconoció con claridad que el conflicto territorial es netamente por el oro existente en el terreno disputado. «Acá nadie pelea por territorio sino por la minería aurífera que existe en la zona», enfatizó Córdova, quien explicó que actualmente trabajan con minería artesanal y posteriormente los pobladores buscan formalizar su actividad.
La autoridad municipal rechazó las acusaciones de financiar minería ilegal o adquirir armamentos para pobladores de su distrito. Córdova tomó asesores legales y presentó denuncias contra los dirigentes de Coasa que difamaron públicamente su gestión municipal, mientras mantiene su posición de diálogo para resolver el conflicto.
