El agua en Puno podría quedar en manos privadas, mientras la amenaza de sequías futuras preocupa a la población. Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP), advirtió que el Decreto Supremo 1620 podría ser el primer paso hacia la privatización de ríos y riachuelos, lo que afectaría el acceso a este recurso vital para miles de familias.
Núñez señaló que el Estado prioriza préstamos externos para financiar proyectos de agua, en lugar de invertir directamente los recursos públicos. Además, mencionó que las exoneraciones de impuestos a grandes empresas reducen los fondos disponibles para obras esenciales, lo que limita la capacidad de garantizar el suministro de agua en la región.
El dirigente también alertó sobre la falta de proyectos a largo plazo para asegurar el agua en Puno. Más allá del convenio 025, no existen iniciativas de envergadura que preparen para enfrentar sequías prolongadas, especialmente ante la disminución de nevadas en zonas altas, que antes alimentaban los ríos.
A pesar de las lluvias actuales, Núñez destacó que no se están aprovechando estas aguas para su almacenamiento. Esta falta de planificación deja a Puno vulnerable en épocas de escasez, mientras la población paga una de las tarifas más altas del país por el bombeo constante desde el lago Titicaca.
Núñez comparó la falta de apoyo estatal a la agricultura familiar y a proyectos de irrigación en Puno con los millones invertidos en grandes agroexportadoras en otras regiones. Esta desigualdad, según él, refleja un desbalance en las políticas públicas que afecta directamente a las comunidades más vulnerables.
Finalmente, el presidente del FOP hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad civil para exigir proyectos concretos que garanticen el derecho al agua para todos los puneños. La unión de la población, según Núñez, es clave para enfrentar los desafíos que se avecinan.
