La Contraloría General de la República ha detectado graves deficiencias en el funcionamiento de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Huancané. Un informe de control revela la falta de un espacio adecuado y recursos logísticos necesarios, lo que podría afectar la defensa jurídica de la entidad y el desempeño de sus funciones.
Según el informe de la Contraloría, la Procuraduría Pública municipal no cuenta con un ambiente de trabajo apropiado. El local de la procuraduría, ubicado en el segundo piso del edificio municipal, grietas debido a la humedad, lo cual pone en riesgo la salud de los trabajadores y la conservación de documentos. Además, el mobiliario es insuficiente y en su mayoría está en mal estado.
La Contraloría también señala la falta de equipos informáticos adecuados para el personal de la Procuraduría. Solo se dispone de un equipo de cómputo en buen estado para un procurador y un abogado, y dos impresoras están inoperativas. Esta carencia de recursos tecnológicos dificulta el trabajo del personal para preparar los casos y asistir a las audiencias, algunas de las cuales son virtuales.
Otro problema grave identificado es la falta de atención oportuna por parte de la Municipalidad a los requerimientos de información de la Procuraduría. En un caso judicial específico, la Procuraduría solicitó documentación para defender a la entidad, pero no fue atendida. Como consecuencia, la defensa legal de la municipalidad se vio limitada.
El informe de la Contraloría destaca que la falta de recursos y la inacción de la municipalidad contravienen el Decreto Legislativo n.° 1326, que obliga a las entidades a asegurar el funcionamiento de sus procuradurías, y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas omisiones podrían afectar la eficacia de la defensa legal del Estado y el cumplimiento de sus funciones.
La Contraloría ha notificado al alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancané sobre estas situaciones adversas y ha solicitado la adopción de medidas correctivas en un plazo de cinco días hábiles. Se espera que la administración municipal tome las acciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la Procuraduría y la adecuada defensa de los intereses del Estado.
