El analista político Fredy Vilca afirmó que la crisis provocada por la minería ilegal y otras actividades ilícitas en Perú fomenta economías ilegales dentro de diversas instituciones del Estado. Destacó que la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías informales son negocios lucrativos que han logrado establecer micropoderes significativos.
Vilca señaló que estos grupos cuentan con la capacidad financiera para infiltrar a funcionarios en todos los niveles del gobierno. Afirmó que tienen los recursos para influir desde los policías locales hasta los gobiernos regionales y, potencialmente, en la sede central del Ejecutivo y del Legislativo. También mencionó que el poder judicial podría estar comprometido.
El analista cuestionó la presencia de Heriberto Benítez en el Tribunal Constitucional, comparándola con la de asesores jurisdiccionales de reconocida trayectoria académica. Sugirió que esta situación podría indicar la influencia de intereses ajenos al ámbito jurídico en altas instancias del Estado.
Vilca hizo referencia a las declaraciones del periodista Jaime Antesana sobre la existencia de un «narcoestado», indicando que estas afirmaciones podrían basarse en fuentes confiables. Además, abordó la presencia de representantes de economías ilegales en el Congreso y mencionó denuncias previas sobre la vinculación del presidente del Congreso con estos grupos. Señaló que los partidos políticos podrían estar siendo utilizados como vehículos para que estos intereses lleguen al poder legislativo.
