El expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres denunció que el gobierno peruano vulnera garantías fundamentales con el caso de la exministra Betssy Chávez. Torres calificó al Ejecutivo actual como ultraderecha y señaló el incumplimiento del derecho internacional sobre el salvoconducto. La decisión oficial afecta las relaciones históricas entre Perú y México según el exfuncionario. Torres está procesado junto con Chávez en este mismo expediente judicial.
El exjefe de gabinete manifestó sorpresa por la situación legal de la exministra de Trabajo. Torres reiteró la existencia de una persecución política constante en el país contra los exfuncionarios del gobierno de Castillo advirtiendo sobre las implicancias diplomáticas del rechazo al salvoconducto solicitado por Chávez, una medida que genera tensiones entre ambas naciones.
Torres declaró que la persecución habría comenzado desde el juramento de Pedro Castillo como presidente de la República con un profundo trasfondo de racismo y clasismo que impidieron gobernar al primer campesino que alcanzó el poder en Perú. Así mismo aseguró que nunca se permitió al exmandatario ejercer con tranquilidad su cargo constitucional ya que los sectores de poder rechazaron desde el inicio el origen humilde del expresidente.
Situación jurídica y uso de la fuerza
Torres evitó pronunciarse sobre su propio caso jurídico fuera de las instancias judiciales correspondientes. Sin embargo, el exfuncionario señaló que la ciudadanía conoce cómo sucedieron los hechos reales del día de la detención. Castillo fue intervenido con armas de fuego antes de la supuesta vacancia congresal por lo cual un gran sector de la población sigue cuestionando las circunstancias de aquella intervención policial.
El exprimer ministro denunció la aplicación desigual de la justicia en el territorio peruano en regiones como Puno, Ayacucho y otros donde hubo gran cantidad de fallecidos sin obtener justicia durante las protestas indicando que los responsables están grabados en videos pero todavía no reciben castigo alguno hasta la fecha.
La falta de sanción para los perpetradores genera indignación en las comunidades afectadas donde las familias de las víctimas continúan exigiendo investigaciones imparciales sobre los hechos violentos. Torres criticó la inacción del sistema judicial frente a las pruebas audiovisuales existentes.
Propaganda política y corrupción estatal
El expresidente del Consejo denunció el uso de activos estatales para propaganda política partidaria, específicamente una cámara del Congreso que fue utilizada recientemente en la campaña electoral de Keiko Fujimori en Trujillo según Torres. Si esto hubiera ocurrido con el gobierno anterior, ya habría destituciones y requisas inmediatas, Torres cuestionó el doble estándar en la aplicación de las normas legales en el Perú.
Finalmente aseguró que existe una corrupción enorme que ciertos medios de comunicación usados por el estado para beneficio de unos pocos que se distribuyen la riqueza nacional entre ellos mismos. El crecimiento económico por el precio de los minerales no beneficia a la población con obras sociales. Pedro Castillo obtuvo el poder por la gran identificación del pueblo con sus causas.
