La Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha registrado 101 ataques a periodistas y medios de comunicación en lo que va del año 2025, según el informe presentado por la Oficina de los Derechos Humanos de la ANP en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, lo que revela un ambiente hostil para quienes ejercen la labor informativa en el país y enciende las alertas sobre la protección de la prensa.
Los casos de hostigamiento y amenazas encabezan la lista con 34 reportes, mientras que las agresiones físicas y verbales suman 24, los discursos estigmatizantes alcanzan 22, las trabas a la cobertura informativa llegan a 11, y tanto las intimidaciones judiciales como las amenazas legislativas registran 4 casos cada una, lo que muestra la variedad de riesgos que enfrentan los comunicadores.
El informe de la ANP también documenta el asesinato de un comunicador social en Ica y la detención de una reportera en Chiclayo, lo que marca un hecho grave para el periodismo peruano y rompe con ocho años sin crímenes mortales contra periodistas en el país.
El caso más preocupante ocurrió el 20 de enero en Ica, donde Gastón Medina, propietario y director de Cadena Sur TV, fue asesinado por un sicario en moto cuando salía de su casa rumbo a Radio Nova para conducir su programa informativo, y hasta la fecha, después de más de tres meses, las investigaciones no arrojan resultados concretos sobre los responsables.
El reporte de la ANP, que recoge la opinión del historiador Néstor Pilco, señala que este año se han presentado cuatro intentos legislativos para limitar la libertad de prensa, entre ellos el proyecto de la congresista María Agüero Gutiérrez que buscaba controlar a los medios, la llamada “Ley Mordaza” que pretende aumentar las penas por difamación, la propuesta de una “franja informativa” obligatoria y la promulgación de la “Ley APCI” que otorga a una entidad estatal la facultad de censurar a medios y organizaciones civiles que reciben fondos internacionales.
Los funcionarios públicos encabezan la lista de agresores con 50 casos, seguidos por miembros de las fuerzas de seguridad con 21, civiles con 19 y personas no identificadas con 11, además, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, figura en 14 incidentes donde estigmatiza y hostiga a periodistas desde sus discursos y redes sociales.
La presidenta Dina Boluarte también ha tenido un papel relevante en este clima, pues ha calificado la labor periodística como “terrorismo de imagen” y ha señalado a los medios como “golpistas” en dos ocasiones, además, los reporteros que cubren sus actividades oficiales enfrentan restricciones de movilidad y barreras físicas que dificultan el acceso a la fuente y la formulación de preguntas de interés público.
Las agresiones no solo se concentran en Lima, que lidera el registro con 46 casos, sino que también se reportan en regiones como Arequipa, Maynas, Chiclayo y Huánuco, donde periodistas como Fátima Constantino de radio Exitosa han sido detenidas arbitrariamente, y en zonas como Maynas y Huánuco, los equipos de seguridad de los gobernadores regionales han recurrido a la violencia o a trabas burocráticas para impedir la cobertura informativa, afectando tanto a medios digitales como a televisivos, radiales y escritos en todo el país.
Redacción: Gisela Pimentel Poma
