Las víctimas y deudos de las protestas 2022-2023 rechazaron la desactivación de equipos fiscales especiales dispuesta por el fiscal interino Tomás Aladino Gálvez Villegas. La medida afecta directamente las investigaciones por el asesinato de 71 personas a nivel nacional, incluidas 18 en Juliaca durante las manifestaciones.
Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, advirtió que esta decisión busca dejar sin justicia a las familias afectadas. «Quieren hacer lo mismo que en los años 90, donde hermanos esperaron 30 o 40 años sin alcanzar justicia», aseguró Samillán durante su pronunciamiento público.
El dirigente denunció que los casos serán derivados a fiscales que desconocen las investigaciones, lo cual retrasará indefinidamente los procesos judiciales. Además, cuestionó la legitimidad del fiscal Gálvez, señalando sus vínculos con la red de corrupción conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto que operó en el sistema judicial peruano.
Por consiguiente, la organización nacional de víctimas anunció medidas radicales de protesta, incluyendo posibles huelgas de hambre en el Ministerio de Justicia, Poder Judicial y Fiscalía de la Nación. «No nos vamos a quedar callados, vamos a exigir justicia. Para evitar eso, tendrán que matarnos», enfatizó el presidente de la asociación.
Los dirigentes de las organizaciones de víctimas se reunirán en Juliaca para coordinar las acciones nacionales de protesta. Samillán confirmó que evaluarán realizar una marcha de sacrificio hacia Lima para visibilizar su demanda de justicia ante las autoridades nacionales y organismos internacionales de derechos humanos.
Asimismo, la desactivación incluyó cuatro equipos especiales: el de víctimas de protestas sociales, Los Cuellos Blancos del Puerto, casos Odebrecht-Lava Jato y el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder. Esta decisión generó cuestionamientos sobre la voluntad política del Estado peruano para investigar casos sensibles de corrupción.
Finalmente, las familias afectadas temen que la justicia se convierta en un anhelo inalcanzable, replicando el patrón de impunidad de décadas anteriores. La movilización social busca presionar para revertir esta medida y garantizar el esclarecimiento de los asesinatos ocurridos durante las protestas de 2023 en todo el territorio nacional.
