En las calles de Buenos Aires, cada vez más personas como Mario Cardozo, un jubilado de 71 años, acuden desesperadas a comedores comunitarios en busca de un plato de comida caliente. Bajo la lluvia, Cardozo come ávidamente el guiso que le entregan, para luego recolectar raciones y llevarlas a sus vecinos necesitados en la localidad de Merlo.
La creciente demanda en los comedores populares es consecuencia del drástico plan de ajuste implementado por el gobierno del presidente Javier Milei desde su asunción el pasado 10 de diciembre. La disparada de precios en alimentos y servicios básicos ha licuado los ingresos de miles de argentinos, que ven en estos centros comunitarios su única alternativa para alimentarse.
Entre las polémicas medidas adoptadas por Milei figuran una fuerte devaluación del peso en diciembre, el recorte de subsidios al transporte público y la energía eléctrica, así como la anulación de controles de precios en sectores clave como educación y salud. Todas ellas, recetas económicas que el mandatario considera necesarias para alcanzar el equilibrio fiscal.
Sin embargo, quienes más sufren estas políticas de ajuste son los jubilados que cobran la pensión mínima y los trabajadores informales que no reciben las ayudas sociales del gobierno. El aumento desmesurado en el costo de vida los ha sumido en la pobreza y los ha obligado a recurrir a los comedores comunitarios.
Pero satisfacer la creciente demanda se ha vuelto un enorme desafío para estos centros, luego de que el Ejecutivo recortara o suspendiera por completo el suministro de alimentos en el marco de un drástico recorte del gasto público. Esta abrupta caída en los insumos ha desatado la furia de las organizaciones sociales de izquierda que operan los comedores, quienes convocaron protestas y bloqueos en todo el país.
«Al gobierno le falta humanidad y a nosotros los jubilados nos está matando», se quejó Mario Cardozo en las puertas de un comedor en el barrio de Constitución. Allí, Marta Espíndola y Jorge Insaurralde acuden tres veces por semana a recoger viandas que deben racionarse: «Procuramos comer bien al mediodía; a la noche tomamos una tacita de té o leche con pan», relató la mujer. Las cocineras admitieron que ahora deben preparar más raciones con menos ingredientes.
Ante la grave crisis alimentaria, la Iglesia católica ha exigido «asistencia sin dilación» para los comedores populares. Se estima que cerca de 20.000 de estos centros, que solían recibir alimentos del Ejecutivo, han tenido que cerrar por falta de suministros. El Gobierno, en cambio, promueve su programa de tarjeta Alimentar, que considera «la política más eficiente» al entregar ayudas directamente a 3,8 millones de personas.
