El contador público Freddy Lipa Fernández fue designado asesor de alcaldía en la Municipalidad Provincial de San Román mediante resolución 004-2025 desde el 2 de enero de 2025. Anteriormente ocupó el cargo de gerente de administración desde enero de 2023 según resolución 004-2023. Su nombramiento genera controversia por vínculos laborales previos con empresas contratistas del municipio.
Los registros laborales revelan que Lipa Fernández trabajó cinco meses en 2007 para la empresa Sigma Ingeniería y Construcción SAC. Esta compañía resultó adjudicataria de múltiples licitaciones en instituciones públicas locales, incluyendo EPS SEDAJULIACA, donde junto a otra empresa ejecutan Programa de Medidas de Rápido Impacto PMRI-I y la propia municipalidad de San Román. La situación plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés en la administración municipal actual.
La empresa Sigma Ingeniería obtuvo la adjudicación del proyecto «Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Rinconada Prolongación Avenida Loreto» el 22 de febrero de 2024. El contrato establece un presupuesto de 6 millones 194,285 nuevos soles con plazo de ejecución de 210 días calendario. La obra debía concluir en octubre de 2024.
Sin embargo, el proyecto presenta retrasos significativos y continúa ejecutándose con avance físico limitado según reportes actuales. Los 210 días calendario establecidos contractualmente vencieron hace meses, generando incumplimientos que deberían activar penalidades según normativa de contrataciones públicas. La situación afecta directamente a los ciudadanos del distrito de Juliaca.
Orlando Fernández Seje, dirigente provincial de San Román, manifestó preocupación por la existencia de «un supuesto mini club de la construcción» que habría «capturado todas las obras» municipales. Sus declaraciones apuntan a irregularidades en los procesos de contratación pública que favorecerían a determinadas empresas constructoras.
El dirigente señaló que profesionales y obreros de la obra de prolongación Loreto permanecen impagos desde abril de 2024. Esta situación irregular se mantiene pese a los incumplimientos contractuales evidentes, sin que autoridades municipales apliquen sanciones correspondientes.
Los denunciantes solicitan la investigación y posible destitución de funcionarios. La situación evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos de control interno y supervisión.
