Un verdadero escándalo envuelve al procurador municipal del distrito San Miguel (San Román), Emilio Condori Paricahua, quién enfrenta graves acusaciones donde incluso se formalizó en una denuncia, el pasado 16 de diciembre del 2024 donde el agraviado Feifer Condori Jallurana, revela a detalle los sobornos y dádivas exigidas por este corrupto procurador, cuyo monto aproximado sería 20 mil soles por cada proceso en el cual habrían al menos cinco más solo en ese año, como se señala en la denuncia.
Según la denuncia, Condori Paricahua habría solicitado inicialmente 5,000 soles, seguidos de pagos adicionales de 3,500 y dos montos de 2,500 soles cada uno, prometiendo ayudar en procesos laborales para obtener contratos permanentes. El denunciante se desempeñaba como operador de planta de segregación en la municipalidad.
Los encuentros y transacciones se realizaban en la vivienda del procurador, ubicada en el jirón Tilali del distrito de Juliaca. Para dar apariencia de legalidad al proceso, el funcionario habría utilizado los servicios de una abogada de apellido Gonza, quien firmaba los documentos relacionados.
Un audio de más de 17 minutos, presentado como evidencia, revela una conversación donde el procurador reconoce que sus acciones constituyen un delito de cohecho. En la grabación, también se escucha la voz de Lourdes Machaca, esposa de Condori Jallurana, reclamando por las excesivas sumas entregadas.
El caso tomó un giro cuando la víctima decidió consultar con otro abogado en noviembre de 2024, quien le reveló que nunca había ganado ningún proceso judicial. Al ser confrontado, el procurador habría amenazado con dejar sin efecto la medida cautelar que permitía al denunciante seguir trabajando.
La investigación sugiere que existirían al menos otros cinco casos similares conocidos solo en San Miguel. El mismo procurador admite en el audio tener otras denuncias similares, razón por la cual evita hablar por teléfono y está siendo seguido por las autoridades. Otros cómplices directos e directos serían un abogado de apellido Gonza que es señalado en el audio y denuncia verbal, hechos que deberán ser investigados por las autoridades.
De acuerdo con el artículo penal 393, el delito de cohecho conlleva una pena de hasta 8 años de prisión. El caso según procedimiento debería ser elevado al procurador provincial para su evaluación y posible presentación ante el Consejo Jurídico del Estado.
Las irregularidades expuestas contradicen directamente la función principal del procurador municipal, que debería defender los intereses de la institución. En lugar de ello, Condori Paricahua habría establecido un sistema de cobros irregulares aprovechando su posición oficial.
