Puno registra la mayor tasa de discapacidad del país con 13.1% de su población, mientras dos instituciones especializadas luchan por atender a más de 100 niños excluidos del sistema educativo regular. Violeta Ramos Achahuanco, especialista de la UGEL San Román, alerta sobre la grave falta de acceso a educación para estos menores.
Al respecto, la directora Mercedes Carpio Ramírez confirmó que el CEBE Señor de los Milagros tiene matriculados a 103 estudiantes con diversas discapacidades, incluyendo discapacidad intelectual, física, multidiscapacidad y niños con trastorno del espectro autista. Este último grupo cobra especial relevancia al conmemorarse el Día Mundial del Autismo, fecha establecida por las Naciones Unidas desde 2008, este 2 de abril.
Una investigación realizada por Zenobia Quispe en la Universidad Nacional del Altiplano revela datos alarmantes: en Puno existe un “porcentaje alto de exclusión educativa” de niños con discapacidad. El estudio, que abarcó 36 instituciones educativas iniciales, encontró que el 61,1% de las instituciones tienen espacios poco accesibles y el 41,7% ambientes completamente inaccesibles.
Más preocupante aún resulta que, según la misma investigación, el 72,2% de instituciones no cuentan con material didáctico adecuado, el 69,4% carecen de docentes capacitados y el 75% consideran que los niños con discapacidad deberían ser separados de sus compañeros. Estos datos confirman la percepción de Ramos, quien afirma que “es muy preocupante la situación en realidad de lo que es educación básica”.
“No existen dos niños autistas iguales”, señaló la directora Carpio, explicando que estos estudiantes presentan características particulares como falta de contacto visual, ausencia de respuesta cuando se les llama por su nombre y dificultades de comunicación. Sin embargo, enfatiza que con estimulación temprana adecuada, estos niños pueden desarrollar diversas capacidades y competencias.
Entre los principales obstáculos identificados tanto por las especialistas como por la investigación universitaria está la “invisibilización” de esta población. “Los padres de familia invisibilizan a esta población. No los llevan a los centros de educación”, explica Ramos. Un segundo grupo de padres no acepta la condición de sus hijos e insiste en incluirlos en educación regular cuando requerirían atención especializada.
Las autoridades educativas señalaron múltiples factores que pueden contribuir al desarrollo de condiciones especiales, incluyendo el consumo de bebidas alcohólicas durante el embarazo.
“Estamos manifestando y reclamando los mismos derechos que les corresponde a cualquier otro estudiante”, concluyó la directora del CEBE Señor de los Milagros. Las especialistas hacen un llamado urgente a las autoridades para garantizar profesionales debidamente capacitados y condiciones adecuadas que permitan atender las necesidades de los niños con discapacidad en igualdad de condiciones, respetando la neurodiversidad y promoviendo una verdadera inclusión.
La especialista Violeta Ramos identifica como uno de los problemas más graves el que muchas familias mantienen a sus hijos con necesidades especiales en casa, sin acceso a educación. “No los llevan a los centros de educación, sea básica especial o regular. Se quedan en casa, un porcentaje”, lamenta. Esta realidad se confirma en la investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, que señala la exclusión como una constante en la región.
De acuerdo con la normativa educativa, las instituciones regulares deben reservar dos vacantes por aula para niños con condiciones leves o moderadas. Sin embargo, tanto la falta de aceptación de algunos padres como la resistencia institucional impiden que esta política inclusiva se implemente efectivamente. El estudio universitario revela que una amplia mayoría de centros educativos no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar la inclusión.
La situación se agrava considerando que, según los datos del INEI citados por las especialistas, Puno presenta índices de discapacidad superiores al promedio nacional. Esta particularidad regional requiere atención prioritaria y políticas públicas específicas que aborden no solo la infraestructura educativa sino también la capacitación docente y la sensibilización social.
“Los niños autistas no miden el peligro y ellos pueden estar dispuestos a cualquier peligro”, advierte la directora Cartier, enfatizando la necesidad de supervisión constante y cuidados especiales. Las especialistas coinciden en que la intervención temprana y el apoyo profesional adecuado son fundamentales para el desarrollo de estos niños y su eventual inclusión social.
