La crisis de seguridad que atraviesa Perú ha alcanzado niveles alarmantes, con asesinatos diarios por extorsión y asaltos que se han vuelto prácticamente insostenibles en los distritos más populosos de Lima, según Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui.
En una entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, señaló que las bandas criminales transnacionales, incluido el «Tren de Aragua», han expandido su presencia en el territorio peruano, aprovechando el control migratorio deficiente que hubo y una respuesta gubernamental inadecuada ante la creciente violencia.
«La sensación que tiene la gente, no solo en Lima, sino también en diversas regiones, es que la Policía no actúa, que este gobierno no actúa», afirmó. En sus declaraciones, recordó que la prioridad del exministro del Interior, Juan José Santibáñez, parecía centrarse más en «defender a la señora Dina Boluarte» que en atender la inseguridad que afecta a los ciudadanos.
La problemática trasciende las fronteras nacionales y afecta a varios países de América Latina, lo que ha llevado a algunos gobiernos a implementar medidas extremas, como las megacárceles en El Salvador, o a debatir sobre la pena de muerte. Sin embargo, estas soluciones podrían no resolver el problema de fondo, según comentó Borda.
El deterioro de la seguridad coincide con una disminución de la participación ciudadana en los asuntos públicos, fenómeno que se atribuye a la percepción de que «aunque se participe, no se lograrán los objetivos», explicó Borda.
Las autoridades regionales y locales, a diferencia de décadas anteriores, han reducido los espacios de participación, limitándose frecuentemente a intercambios de «favores políticos» que debilitan las instituciones democráticas, indicó.
Puno destaca como una excepción en el panorama nacional por mantener una fuerte tradición de movilización social y de reclamos por los derechos humanos, siendo reconocida en otras regiones del país por su «conciencia de participación ciudadana» frente a los cuestionamientos al modelo político actual.
La situación refleja un retroceso en materia democrática y de derechos humanos que, según el representante de Red Muqui, requiere soluciones integrales. Estas deben ir más allá de medidas punitivas, abordando las causas sociales de la violencia mediante estrategias diseñadas «con mucha inteligencia» para resolver efectivamente el problema.
