El 5 de abril de 1992, hace 33 años, Alberto Fujimori apareció en cadena nacional para anunciar medidas que alteraron el orden del país, iniciando un cambio radical al disolver el Congreso, reorganizar el Poder Judicial y suspender la Constitución de manera abrupta, dando así un autogolpe que llevaría al estado a una sucesión de hechos de violación de derechos.
Esa noche, efectivos militares tomaron control de sedes estratégicas en Lima; el Congreso fue rodeado y redacciones asaltadas, estableciendo un control inmediato que impuso censura en diarios, radios y canales de televisión, dejando a la ciudadanía en un estado de incertidumbre.
El mensaje presidencial justificó el autogolpe como respuesta a supuestas ineficiencias institucionales, presentando la medida como urgente, aunque la acción rompió el orden democrático y limitó la participación ciudadana, generando controversia en el ambiente político.
El gobierno de emergencia designó a Oscar de la Puente como primer ministro y estableció una Comisión de Reforma para cambios constitucionales, buscando conferir legitimidad mediante la convocatoria a elecciones municipales, pese a las críticas sobre la concentración del poder.
La comunidad internacional reaccionó con firmeza; Estados Unidos suspendió ayuda económica y varios países europeos cancelaron créditos, aislando diplomáticamente al régimen, mientras organismos como la OEA denunciaban la alteración del orden democrático en Perú.
El autogolpe se produjo en un contexto de violencia y crisis económica; la recesión, el desempleo y la caída en la inversión afectaban al país, creando un clima de caos que complicó la gestión estatal y minó la confianza en las instituciones.
El Ejecutivo aprovechó la situación para acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, buscando modernizar la economía al transferir al sector privado compañías con balances negativos, especialmente en sectores como energía, transporte, minería y telecomunicaciones.
Entre 1991 y 2002, el Estado privatizó más de 200 empresas, generando ingresos millonarios; la venta de CPT y ENTEL Perú al consorcio liderado por Telefónica de España se destacó, marcando un hito económico en la reinserción del país en la economía global.
Otros sectores estratégicos, como la distribución eléctrica, hidrocarburos, siderurgia y puertos, fueron igualmente privatizados; el gobierno defendió estas medidas como necesarias para superar el déficit fiscal, aunque el impacto social y la pérdida de activos estratégicos suscitaran controversia.
El 5 de abril marcó el inicio de una nueva etapa política en la que la Constitución de 1979 quedó suspendida; en 1993 se aprobó una nueva Carta Magna, concentrando mayores poderes en el Ejecutivo y alterando el equilibrio institucional de forma duradera.
El autogolpe dejó un rastro de caos institucional y social; la interrupción de las funciones democráticas provocó un desastre en la administración pública, generando un desorden generalizado que debilitó la confianza ciudadana en las instituciones fundamentales.
Hoy, a 33 años del autogolpe, el país recuerda aquel episodio como un periodo de caos que trastocó la vida política y social; la experiencia de 1992 subraya la importancia de preservar un orden democrático y el respeto inquebrantable al estado de derecho.
