Las autoridades de la provincia de San Román anunciaron la aplicación de la Ley 32523 para sancionar a las personas que arrojen basura en los ríos. Esta norma establece penas de dos a seis años de cárcel, según la cantidad de residuos, debido al daño que causan a la salud pública.
Arturo Oroz Bocángel, jefe de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de San Román, explicó que la ley es importante porque aborda el problema desde el impacto en la salud de la población. Señaló que la acumulación de basura no solo contamina si no obstruye los cauces y provoca inundaciones en viviendas durante la temporada de lluvias.
El funcionario informó que ya se coordinan operativos con la Policía Ecológica, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Autoridad Nacional del Agua. Las acciones se realizarán en puntos críticos como el puente Unocolla, en Juliaca, donde vecinos continúan arrojando residuos pese a que la ley ya está vigente.
Oroz Bocángel indicó que las cuatro instituciones involucradas impulsarán campañas informativas en los medios de comunicación. El objetivo es informar a la población sobre las nuevas sanciones penales, aunque reconoció que uno de los mayores retos será identificar a los infractores.
Asimismo, admitió que algunos vecinos justifican esta práctica por la falta de tachos o puntos de acopio. Ante ello, la municipalidad incrementará la frecuencia del recojo de basura en zonas periféricas o colindantes con los rios, donde actualmente el servicio se realiza solo una vez por semana por la limitada cantidad de vehículos.
Finalmente, la Sub Gerencia de Gestión Ambiental aprobó la conformación de fiscalizadores municipales que apoyarán los operativos. Estas acciones se complementarán con sanciones administrativas y campañas educativas, con el fin de reducir la contaminación de los ríos que atraviesan la ciudad de Juliaca y proteger el ecosistema regional.
