El Teatro Municipal de Puno se convirtió en escenario de una confrontación cuando autoridades originarias de las 13 provincias rechazaron categóricamente la participación de Josué Gutiérrez Cóndor, actual Defensor del pueblo. La tensión escaló hasta culminar en la expulsión del funcionario, quien había llegado sin aviso oficial a los representantes quechuas, aymaras y urus.
José Gutiérrez, presidente de las Autoridades Originarias Apu Mallkus y Jilaquatas, denunció que fueron convocados con engaños, alegando que se les informó únicamente sobre una capacitación normativa sin mencionar la presencia del Defensor del Pueblo. Los dirigentes manifestaron su indignación por el intento de incluir al funcionario en un evento que consideraban exclusivo para sus comunidades.
El momento más álgido se produjo cuando Gutiérrez Cóndor intentó pronunciar las palabras de apertura del encuentro. Los representantes subieron al escenario exigiendo su retiro inmediato y culminaron expectorando al funcionario nacional. La ceremonia se desarrolló entre gritos de “que se retire” y “asesino”, mientras los manifestantes entonaban arengas para silenciar su participación.
El Consejo de Autoridades Originarias calificó al Defensor como “cómplice del gobierno” de Dina Boluarte por su silencio ante las muertes registradas en protestas sociales. Una autoridad originaria cuestionó: “¿Qué ha hecho por las víctimas? Se ha archivado en el Congreso a la señora Dina”, señalando la inacción del funcionario ante casos de violencia estatal.
Los dirigentes recordaron los asesinatos ocurridos en Juliaca, Ilave, Ayacucho y Macusani, señalando que la Defensoría del Pueblo no se pronunció sobre estos hechos que afectaron gravemente a las comunidades originarias.”Nosotros no lo hemos invitado en ningún momento, las comunidades no han invitado en ningún momento. No es bienvenido”, expresó tajantemente Gutiérrez.
La tensión se mantuvo durante toda la ceremonia, desarrollada en presencia de diferentes autoridades. Los manifestantes exigían justicia por los caídos del 9 de enero y denunciaban la falta de pronunciamiento sobre la contaminación ambiental. Pese a los llamados a la calma, las autoridades originarias mantuvieron su posición de rechazo total.
Tras su expulsión, Josué Gutiérrez Cóndor se defendió alegando que, de sus cuatro visitas a Puno, esta era la primera vez que era rechazado. Afirmó que la Defensoría fue una de las instituciones que más importancia dio a la investigación de las víctimas de protestas sociales, brindando apoyo a familiares y gestionando el retorno de carpetas fiscales, hecho refutado por las autoridades originarias
El funcionario admitió su cercanía con Perú Libre y el respaldo de esta bancada junto a Fuerza Popular para su elección. Aseguró que al asumir el cargo dejó de lado los aspectos políticos, pero fue respaldado por ambos partidos. Las autoridades originarias refutaron sus declaraciones y mantuvieron que el evento trataría la problemática en torno a la Ley 32293 sobre formalización de terrenos en comunidades campesinas.
