El presidente de la Urbanización Ciudad Nueva, Juan Ccapa Choquehuanca, denunció que el alcalde distrital de San Miguel, Cristina Mamani, donó terrenos al Ministerio Público sin consultar a los vecinos. El terreno en disputa comprende seis mil metros cuadrados, de los cuales tres mil fueron entregados a la Fiscalía y Medicina Legal. Los pobladores se enteraron cuando apareció un cartel que indicaba la propiedad de la institución. La directiva convocó a una asamblea general para este domingo.
Ccapa Choquehuanca calificó la acción como un acto autoritario de la primera autoridad ediliticia. «El señor alcalde se lo ha firmado y transferido ese espacio sin consulta a todos los vecinos», manifestó el dirigente a medios locales. La donación involucra cuatro manzanas destinadas originalmente a otros usos públicos. El directivo señaló que la decisión se tomó sin respetar los procedimientos establecidos por ley. Los vecinos consideran que esta medida vulnera sus derechos como propietarios.
El dirigente vecinal explicó que la normativa vigente exige consulta previa a la población afectada. La Ley Orgánica y el Decreto Supremo 002-2022 establecen que debe consultarse a la urbanización antes de transferir áreas públicas. «Sin licencia social prácticamente a nosotros, por encima de la urbanización, por encima de la directiva», criticó Ccapa. Los residentes argumentan que son copropietarios del territorio y deben aprobar cualquier cesión de espacios comunes.
Asamblea definirá posición de vecinos ante donación cuestionada
La directiva convocó a una reunión general para este domingo a las 14:00 horas en la plataforma deportiva. Los vecinos analizarán si aprueban o rechazan la instalación de las instituciones estatales en el sector. «Ustedes son los que aprueban, nos conviene o no nos conviene», enfatizó el dirigente ante los pobladores. La asamblea determinará si otorgan la licencia social que la autoridad municipal omitió solicitar previamente.
Los residentes cuestionan que el alcalde dispuso del territorio «como su chacra» sin considerar la opinión colectiva. El área comprometida totaliza cerca de seis mil metros cuadrados distribuidos en dos manzanas de tres mil cada una. Los vecinos descubrieron la transferencia cuando observaron señalización de propiedad fiscal en el terreno. Varias instituciones habían solicitado previamente espacios en la urbanización, pero requerían aprobación comunitaria.
La situación generó malestar entre los propietarios que exigen respeto a los procedimientos democráticos establecidos. Los habitantes de Ciudad Nueva sostienen que deben ejercer su derecho a decidir sobre los espacios comunes de la urbanización. La asamblea del domingo definirá las acciones legales y sociales que emprenderán frente a lo que consideran un acto arbitrario. El caso evidencia tensiones entre la gestión municipal y la participación ciudadana en decisiones territoriales.
