A más de tres años del brutal asesinato de Miriam Huashuayo Parihuamán, su familia enfrenta una nueva angustia: la posible liberación del presunto feminicida Edwin Guillén Quispe, debido al exceso de carcelería en el penal de Ayacucho.
La desesperación y el dolor de los familiares se mezclan con la indignación ante un sistema que, según denuncian, amenaza con revictimizar a la joven asesinada al permitir que su agresor recupere la libertad sin haber recibido sentencia.
Desde el 19 de junio de 2022, día en que Miriam fue vista con vida por última vez, su familia ha librado una lucha incansable por justicia. Aquella mañana, Miriam se encontró con Guillén Quispe en las inmediaciones del barrio de Andamarca, en la ciudad de Ayacucho.
Juntos abordaron un mototaxi rumbo al grifo Ayacucho, y luego se dirigieron hacia el centro poblado de Niñobamba, en la ruta al distrito de Paras. Lo que parecía una salida cotidiana se convirtió en una tragedia irreparable.
Según las investigaciones fiscales, Guillén Quispe habría ingerido bebidas alcohólicas durante el trayecto y, posteriormente, agredió físicamente a Miriam. Tras forcejear con ella, le quitó las prendas y la golpeó en la cabeza con un objeto contundente, causándole un traumatismo cráneo encefálico severo.
No conforme con el crimen, trasladó el cuerpo sin vida al kilómetro 1 de la vía afirmada que conecta Niñobamba con el anexo de Saywa, donde lo enterró entre los pastizales, en una pendiente de diez metros.
El 22 de junio de 2022, aproximadamente a las 22:25 horas, lugareños hallaron el cadáver con múltiples lesiones y evidencias del ataque. La denuncia fue comunicada al Ministerio Público, lo que permitió iniciar las diligencias correspondientes.
Desde entonces, el caso ha sido impulsado por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, a cargo de la fiscal adjunta Galila Zambrano Cavalcanti, quien logró que se dicte prisión preventiva por nueve meses contra el acusado.
Sin embargo, al cumplirse más de tres años sin una sentencia definitiva, crece el temor de que Guillén Quispe sea liberado por exceso de carcelería, una situación legal que podría permitir la libertad de un presunto feminicida sin que haya enfrentado juicio.
Los familiares de Miriam alzaron su voz con carteles y gritos de justicia frente a las sedes judiciales de Ayacucho. “No podemos permitir que este crimen quede impune. Tres años esperando justicia y ahora quieren soltarlo como si la vida de ella no valiera nada”, sostuvo uno de los deudos.
El caso de Miriam no solo es un doloroso recordatorio del flagelo del feminicidio en el Perú, sino también un llamado de alerta sobre las deficiencias estructurales del sistema judicial.
Mientras la impunidad amenaza con imponerse, la familia y los amigos de Miriam seguirán en pie de lucha, exigiendo lo que les arrebataron: justicia. Lo que piden es que el juez, de una vez por todas, dicte una sentencia con cárcel efectiva para quien no tuvo compasión de su víctima y cobardemente huyó tras el ataque.
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