Los regidores Yunior Machaca León y Reynaldo Borda Sucasaca gastaron S/20,800.00 para fiscalizar el procedimiento administrativo disciplinario de la Municipalidad Provincial de Azángaro durante los años 2023 y 2024, constatando que la mayoría de los casos se encuentran prescritos por incumplimiento de plazos.
Según el documento de balance semestral de los regidores municipales sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización 2025 de la Contraloría, los fiscalizadores municipales ejecutaron su trabajo de supervisión desde el doce de junio hasta el treinta de junio de 2025 contratando servicios de abogado. La fiscalización se enfocó en evaluar la efectividad del procedimiento administrativo disciplinario durante el periodo mencionado según el documento oficial.
Los regidores lograron identificar el cumplimiento de las fases establecidas por ley en el procedimiento administrativo disciplinario municipal. También evaluaron si se respetaron los principios legales y analizaron la eficiencia de las sanciones impuestas durante los dos años fiscalizados.
Las principales dificultades encontradas fueron la restricción y retraso en la entrega de información solicitada sobre los procedimientos disciplinarios. Los fiscalizadores señalaron que no fue posible evaluar algunos expedientes debido a la falta de documentación completa.
Los regidores constataron que muchos casos no contaban con el respectivo procedimiento administrativo disciplinario instaurado al presunto infractor. Esta situación impidió evaluar el cumplimiento de las fases del procedimiento según establecen las normas legales vigentes.
Las conclusiones más importantes revelaron que no se ejecutaron las fases correspondientes en la mayoría de casos fiscalizados. Los investigadores encontraron ausencia del informe de precalificación e informe del órgano instructor necesarios para continuar con el procedimiento.
Además, en el documento indica que el cumplimiento de los principios establecidos por ley resultó relativo, impidiendo alcanzar los fines correctivos y preventivos de las sanciones administrativas. Los regidores señalaron que esta situación afecta la efectividad del sistema disciplinario en la municipalidad provincial.
La evaluación de la eficiencia de las sanciones impuestas determinó que solo se logra a través de sanciones proporcionales. Los fiscalizadores indicaron que las medidas deben aplicarse de manera oportuna y eficaz para cumplir su objetivo correctivo.
La conclusión más grave fue que los procedimientos administrativos disciplinarios de la municipalidad durante 2023 y 2024 se encuentran prescritos. Esta situación representa un problema serio para la administración pública local que requiere corrección inmediata.
Los regidores recomendaron implementar mecanismos de control y seguimiento de plazos administrativos a través de las áreas pertinentes. Sugirieron que Secretaría Técnica o Recursos Humanos eviten la prescripción de infracciones y responsabilidades funcionales que ameriten procedimientos.
También propusieron realizar revisiones periódicas sobre infracciones que puedan prescribir para que la Secretaría Técnica emita informes oportunos. Esta medida permitiría la evaluación disciplinaria antes de que se extinga la potestad sancionadora de la municipalidad.
Los fiscalizadores recomendaron diferenciar entre infracciones disciplinarias y faltas administrativas no disciplinarias para evitar derivaciones innecesarias. Esta distinción evitaría desgaste institucional y pérdida de recursos en procedimientos mal encaminados desde el inicio del proceso administrativo.
