La región de Puno registra apenas 77 mineros formalizados de más de 12000 inscritos en REINFO según datos oficiales. Este 0.64% refleja las limitaciones del programa diseñado para integrar la minería artesanal al marco legal. Las cifras contrastan con el 28.19% reportado en otras fuentes.
Alrededor de 4000 registros en Puno están suspendidos por incumplimiento de requisitos. La falta de seguimiento permite que mineros ilegales operen bajo protección temporal según denuncias. La Dirección Regional de Energía y Minas carece de recursos para fiscalizar eficazmente.
El MINEM planea eliminar inscripciones inactivas para fortalecer REINFO. Talleres de asistencia técnica buscan mejorar las tasas de formalización, pero persisten retrasos. Una nueva Ley MAPE podría reemplazar el programa, pero enfrenta debates legislativos.
Minería ilegal aprovecha vacíos en REINFO
El oro extraído ilegalmente se mezcla con producción de mineros registrados. Autoridades admiten que el programa ha sido usado como «paraguas» para actividades ilícitas. Puno concentra operaciones en zonas prohibidas como Ananea y Sandia.
Solo 30% de las empresas registradas completaron el proceso. La Central de Cooperativas Mineras de Ananea figura entre las formalizadas según el MINEM. La estructura colectiva facilita cumplir requisitos técnicos y financieros.
Discrepancias entre 0.64% y 28.19% de formalización revelan fallas en reportes. El gobierno promete un sistema unificado para transparentar cifras. Puno recibió fondos para mejorar la fiscalización, pero los avances son lentos.
Nueva ley busca simplificar trámites
La futura Ley MAPE eliminaría plazos extendidos de REINFO. Critican que podría mantener beneficios para mineros suspendidos. Expertos exigen diferenciar entre informalidad e ilegalidad para evitar lavado de mineral.
Minerales extraídos en concesiones ajenas generan disputas legales. Comunidades como Upina lograron formalizarse, pero enfrentan presiones. La tenencia segura es clave según recomendaciones internacionales.
La trazabilidad limitada dificulta identificar origen del metal. Autoridades reconocen que «el sistema actual permite filtraciones». Empresas como Oro Puno S.A. operan legalmente, pero coexisten con informales.
La DREM puneña requiere más personal y equipos. Solo 2% de mineros nacionales completaron la formalización en siete años. El MINEM prioriza Puno, pero los resultados tardarán según especialistas.
