El retorno de Patricia Benavides como Fiscal Suprema genera conflicto de interés institucional según reveló Luciano López, abogado de la Fiscal de la Nación Delia Espinoza. La situación expone múltiples investigaciones penales contra la exfiscal destituida.
Benavides enfrenta cinco investigaciones en la Segunda Fiscalía Suprema por cohecho activo, cohecho pasivo y organización criminal. Además, siete carpetas fiscales en la Primera Fiscalía Suprema la señalan por peculado doloso, tráfico de influencias y malversación agravada.
López planteó que Benavides fuera asignada al Jurado Nacional de Elecciones para evitar conflictos. Sin embargo, la mayoría de fiscales supremos descartó esta propuesta, dejando a Espinoza la responsabilidad de redistribuir las investigaciones pendientes.
Destitución cuestionada por documentos oficiales
El abogado presentó un oficio del 14 de julio que confirma la destitución vigente de Benavides hasta esa fecha. El documento de la Junta Nacional de Justicia indica que el recurso de reconsideración permanecía pendiente de resolución.
La reincorporación de Benavides ocurrió entre el 12 y 16 de junio, cuando técnicamente permanecía destituida según la documentación oficial. López sostiene que la Ley Orgánica establece que una destitución mantiene efectos hasta resolver la reconsideración.
La directora de procedimientos disciplinarios confirmó que al 14 de julio no existía resolución que levantara la destitución. Este hecho cuestiona la legalidad del proceso de reincorporación de la exfiscal suprema.
Congreso amenaza con inhabilitar a Espinoza
El doctor Peña, abogado de Benavides, denunció a Espinoza buscando su inhabilitación por 10 años ante el Congreso. López advierte que la experiencia del caso Salvador del Solar demuestra falta de debido proceso parlamentario.
«Para mí definitivamente no tengo las suficientes garantías», declaró López sobre las posibilidades de defensa en el Congreso. El letrado considera que existe coordinación entre la defensa de Benavides, el Parlamento y la Junta Nacional de Justicia.
La situación compromete la estabilidad institucional del Ministerio Público mientras Espinoza debe resolver el conflicto de interés que representa asignar investigaciones a quien las enfrenta como procesada.
