La capacidad de atención se encuentra al límite en la Casa Residencial de Acogida (CAR) de la Sociedad de la Beneficencia Pública de Puno, único centro especializado de la región, donde dos solicitudes semanales para el ingreso de madres adolescentes, reflejan una problemática social en incremento que desborda los recursos disponibles. El programa social opera las 24 horas del día sin recibir transferencias estatales, sosteniéndose exclusivamente con recursos propios de la institución.
Marilyn Lanza, presidenta del directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Puno, supervisa actualmente la atención de 19 beneficiarios en el programa. Entre ellos se encuentran 10 menores entre 13 y 17 años y una joven de 18 años que permanece por excepción, además de nueve infantes que son hijos de estas madres adolescentes víctimas de desprotección familiar.
La Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer deriva los casos hacia la beneficencia puneña, principalmente por situaciones donde el agresor pertenece al núcleo familiar. Anteriormente, estas madres adolescentes eran trasladadas a Tacna o Cusco por falta de centros especializados regionales, separándolas definitivamente de su entorno familiar y social cercano, ahora requieren mayor apoyo para poder extender el servicio a más población que lo requiere con urgencia.
La directiva 05-2021 del Ministerio de la Mujer establece que cada ocho niñas requieren un equipo técnico completo. La beneficencia puneña ha sobrepasado esta proporción reglamentaria, evidenciando la insuficiencia de recursos humanos e infraestructura para atender la creciente demanda regional de protección a madres adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar.
Los recursos económicos provienen exclusivamente de los negocios propios de la institución, incluyendo locales arrendados y administración de los cementerios de Puno. No reciben transferencias estatales ni donaciones externas para sostener este programa social, generando limitaciones presupuestarias que impiden ampliar la cobertura de atención especializada a más víctimas de abuso y desprotección familiar.
El objetivo institucional busca la reinserción económica y social de las beneficiarias, proporcionándoles herramientas educativas y formativas. Sin embargo, la demanda semanal constante de dos casos nuevos supera la capacidad instalada, dejando a numerosas madres adolescentes sin acceso a protección especializada en toda la región Puno.
Lanza proyecta crear un segundo CAR para el próximo año, condicionado al crecimiento de los negocios institucionales. Mientras tanto, el único centro regional continúa operando al máximo de su capacidad, atendiendo una problemática social que requiere intervención urgente del Estado peruano para garantizar protección integral a las víctimas menores de edad.
