La exprimera ministra Betssy Chávez reveló que sufrió maltratos físicos y psicológicos durante su reclusión por órdenes directas del gobierno de Dina Boluarte. Chávez aseguró que las autoridades buscaban aislarla completamente dentro del centro penitenciario para quebrantar su resistencia.
La exjefa del gabinete ministerial durmió en el piso durante seis meses junto a un inodoro en condiciones infrahumanas. Una simple toalla de plástico era lo único que la separaba del sanitario en su celda.
Posteriormente las autoridades la trasladaron a una cama de cemento que medía apenas un metro ochenta de largo por ochenta centímetros de ancho. Chávez describió estas condiciones como un maltrato deliberado contra su integridad personal.
El espacio que compartía con otras dos reclusas no superaba los dos metros por dos metros y medio de dimensiones totales. La expremier considera que esta situación formaba parte de un plan sistemático de hostigamiento en su contra.
Las autoridades penitenciarias la desarraigaron de su entorno familiar al trasladarla desde Tacna hasta una prisión limeña. En Lima no cuenta con parientes cercanos que puedan visitarla con regularidad ni brindarle apoyo emocional.
Los funcionarios del penal le restringieron el contacto social al limitar sus visitas de cinco amigos a solo dos cada seis meses. También cambiaron al personal que la atendía, incluyendo al abogado y al capellán, para evitar vínculos afectivos.
Chávez relató un episodio doloroso cuando solicitó una videollamada humanitaria para despedirse de su abuelo fallecido. Fue la única vez que le concedieron este tipo de comunicación familiar durante todo su encierro.
La exfuncionaria defendió su inocencia al sostener que las pruebas actuales demuestran que nunca elaboró decreto supremo alguno. Aseguró que las autoridades no encontraron dicho documento en su computadora tras revisiones exhaustivas de los equipos.
Respecto a las acusaciones de fuga, Chávez precisó que el GPS de su vehículo demuestra su inocencia. Nunca tuvo intención de refugiarse en la embajada mexicana como se especuló en diversos medios de comunicación.
La expremier reflexionó sobre el sistema penitenciario peruano al afirmar que las cárceles no solucionan los problemas estructurales del país. Expuso que la mayoría de los cien mil internos son procesados sin sentencia firme definitiva.
Chávez considera que las políticas de mano duran no funcionan porque representan un costo económico elevado para los ciudadanos. Propuso que el Estado invierta más recursos en educación y salud en lugar de construir prisiones.
Sobre la crisis política actual, la exministra señaló la baja aprobación del Ejecutivo y el Congreso en las encuestas. Esta situación de un dígito genera inestabilidad que perjudica la llegada de inversiones extranjeras al territorio nacional.
La expremier identificó el origen de la inestabilidad política en el año dos mil dieciséis con Fuerza Popular. Desde entonces ningún presidente ha logrado completar su mandato constitucional de cinco años en el poder ejecutivo.
Chávez analizó que el Congreso ha fortalecido su posición frente al Ejecutivo al limitar la cuestión de confianza. Considera que Perú transitó de un sistema presidencialista hacia uno de corte más parlamentarista en la práctica.
Finalmente, la exfuncionaria expresó incertidumbre sobre el futuro político nacional al proyectar que el próximo gobierno será de transición. Advirtió que la inestabilidad actual representa una situación grave para la gobernabilidad del territorio peruano.
